El tema de hoy: No más leyes al guerrazo

En uno de sus últimos actos como presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski y la entonces premier Mercedes Aráoz enviaron al Congreso la observación a la autógrafa de la ley que impide la colocación de publicidad estatal en los medios de comunicación privados, también conocida como la ley Mulder. Además, enviaron un proyecto alternativo para modificar la Ley N° 28874, que se dio durante el gobierno de Alan García y que ya normaba el tema.

Desde antes de su envío al Legislativo, la respuesta de la bancada de Fuerza Popular (FP) y del propio Mauricio Mulder, principales impulsores de la controvertida e inconstitucional norma, fue respaldar su iniciativa y anticipar que votarían por su insistencia. Ni siquiera se tomaron la molestia de leer el documento de las observaciones del Ejecutivo.

Con la salida de PPK y el ingreso de Martín Vizcarra, el panorama varió. La postura confrontacional del fujimorismo ha sido reemplazada por una actitud mucho más conciliadora. El presidente de la Comisión de Transportes, Roy Ventura, ha dicho que la observación será analizada con detenimiento por dicho grupo de trabajo. Miguel Torres ha manifestado esta misma disposición. ¡Qué diferencia! Semanas atrás, la consigna era sacar la ley al guerrazo, saltándose a la garrocha el tamiz de las comisiones especializadas y exonerándola de la segunda votación con solo dos firmas: las de los voceros de FP y de APP, César Villanueva.

En esa ocasión, sin embargo, el vocero apepista, quien será el próximo premier, se rectificó públicamente y se pronunció más bien a favor de la modificación de la ley. Advirtió que la prohibición de publicidad estatal en los medios privados era una “limitante especialmente en provincias y regiones” y se inclinó por un mecanismo regulador que es lo que entidades como el Consejo de la Prensa Peruana han planteado.

A Villanueva –quien asumirá la Presidencia del Consejo de Ministros mañana en la tarde– le toca ahora defender esta posición y al Congreso, que a través de sus distintos portavoces ha ofrecido colaboración al Ejecutivo, sentarse a la mesa para discutir el tema. Solo así se podrán afinar los mecanismos para garantizar que el ciudadano no vea menoscabado su derecho a estar informado y que el Estado cumpla con dar información oportuna y eficiente sobre los programas y proyectos que llevan adelante las instituciones públicas, sin abuso ni derroche.