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El tema de hoy El turno de Villarán
“El Ministerio Público venía siendo objeto de críticas por supuestamente tratar con guantes de seda a Villarán y con dureza a otros implicados en Lava Jato”.
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Ayer, este diario conoció que, en los próximos días, la Fiscalía formalizará investigación preparatoria en el caso que involucra a la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, y a su ex gerente municipal José Miguel Castro. El Ministerio Público venía siendo objeto de críticas por supuestamente tratar con guantes de seda a Villarán y con dureza a otros implicados en Lava Jato, pues Barata la acusó, hace mucho tiempo ya, de haber recibido US$3 millones para la campaña del No, que se realizó entre 2012 y 2013. Es más, dijo que la propia ex burgomaestre fue quien le pidió el aporte. Aunque ella ha rechazado esa versión.
Es en esta etapa que los fiscales pueden pedir al juez medidas más restrictivas para garantizar la colaboración de los investigados. Entre ellas está la prisión preventiva, a la que se ha recurrido para detener intentos de fuga del país y obstaculización de las pesquisas. Una medida así se le impuso a Humala y a su esposa, acusados de recibir también US$3 millones.
El equipo especial del Ministerio Público tiene mucho por esclarecer aún en este caso, pero al dar el paso a la fase preparatoria significa que tiene bien encaminada su investigación. Hay hechos y versiones que merecen una explicación. El publicista Valdemir Garreta aseguró que se reunió con la ex burgomaestre y con Castro para coordinar la asesoría a la campaña. Según Garreta, quedaron en US$3 millones y los servicios fueron pagados por Odebrecht (US$2 millones) y OAS (US$1 millón).
Barata declaró a los fiscales que fue Castro quien pidió US$3 millones de aporte y que luego fue Villarán quien le insistió con ese apoyo. Y Barata accedió. Como explicó, el ex directivo brasileño veía que podía asegurarse obras municipales, práctica que era el modus operandi de la firma.
La situación es complicada para la ex autoridad edil porque los aportes recibidos se registraron cuando ella era funcionaria pública. Y si es cierto que ella coordinó y pidió los abonos, quedaría muy involucrada. La Fiscalía, que debe probar sus tesis acusatorias, la investiga por lavado de activos y cohecho. Esperemos la conclusión de la indagación para saber si el equipo de Hamilton Castro actúa con firmeza contra todos.
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