Turismo bajo chantaje

En un momento en que al Perú le urge repotenciar el turismo promocionando sus principales atractivos, grupos de cusqueños con intereses crematísticos muy particulares –léase: mafias– están llevando a cabo una huelga en Machu Picchu que impide las visitas al santuario y ha paralizado los servicios y el transporte en la zona.

Las quejas de estos señores, totalmente desorbitadas y anacrónicas, se originan en la iniciativa de que la venta de los boletos de ingreso sea 100% virtual, en línea. Es decir, como suele hacerse para acceder a los principales museos, monumentos o atractivos históricos alrededor del mundo.

Ya casi ni para ir al cine o a un estadio se necesita de boleterías físicas, con el consiguiente añadido de largas y caóticas colas que solo incomodan a los usuarios. Es completamente irracional la exigencia de que se vuelva a un sistema ya caduco e inconveniente para el turismo, so pretexto de evitar la presunta “privatización” de la ciudadela o –como demagógicamente hicieron durante el gobierno de Pedro Castillo, al dejar mil entradas para que se vendieran físicamente in situ– con el objetivo de favorecer a comerciantes y gremios de Aguas Calientes.

La actual ministra de Cultura, Leslie Urteaga, ha explicado el tema, pero quizás tarde, mal y nunca, como suele decirse. Y el antecedente de negociados con el boletaje en la Dirección de Cultura del Cusco reportados, que ya investiga la Contraloría, tampoco es que robustezca la credibilidad del sector.

Un episodio que, de paso, vuelve a poner sobre el tapete la necesidad, perentoria ya, de que el Gobierno tenga un vocero oficial, como lo tienen muchos Estados, de manera que, en circunstancias como estas, salga de manera preventiva a explicar los beneficios y alcances de las decisiones que se toman.

En este caso concreto, por ejemplo, la venta de entradas a través de una plataforma digital privada de ninguna manera implica la “privatización” del servicio. Y mucho menos que el distrito o la región dejen de percibir los mismos ingresos. Por el contrario, evitaría que las mafias se queden con parte de estos, a través de negociados con malos funcionarios públicos.

La ausencia de ese comunicador oficial y de un mensaje claro ha permitido a los azuzadores y corruptos confundir a una parte de la población en la zona, generando un paro que le hace un daño enorme al país.