Viaje a la mente de un Congresista

“Gracias al carácter que tengo, estamos en democracia”, dijo la congresista acciopopulista Maricarmen Alva. Una frase que intentó explicar las presiones que ejerció sobre su par de Perú Libre, Francis Paredes, pero que también ilustra el envalentonamiento de muchos parlamentarios que sienten que, antes que pedirles disculpas al país, les deberían dar las gracias.

Una percepción común a todo parlamentario, pero que se concentra en el autodenominado ‘bloque democrático’: gracias a ellos, el Perú se salvó de Pedro Castillo. Una verdad a medias que se repite cada vez que algún homólogo colombiano, argentino, chileno o español se los dice, mientras ellos inflan el pecho. En el II Encuentro Regional del Foro Madrid, que se llevó a cabo en Lima en abril, por ejemplo, homenajearon al Congreso peruano de pie. Fue allí que la propia Alva lo dijo explícitamente: “Aquí todos tienen que agradecer al Congreso”.

Al parecer, afuera los valoran más. “Todos los embajadores me preguntan por qué atacan tanto al Congreso”, dice Alva, quien recuerda que en México los parlamentarios tienen 3% de aprobación, o que en Chile tienen carro y ganan en dólares. Es cierto: en todos los países, el Congreso tiende a ser impopular. Y también tiende a irse a las manos, insultos y bravatas incluidas. Peores peleas se han visto entre parlamentarios japoneses, por mencionar un ejemplo. También es verdad, sin embargo, que el carácter de Alva fue instrumentalizado racialmente por el gobierno de Castillo, ese enemigo en común que polarizaba pero también galvanizaba a la oposición, y que ahora parece hacerle falta al Congreso. “Con Arriola y Mori aprobábamos la bicameralidad”, se defiende Alva, quien minimiza el affaire. “‘En mi región me matan’, me dijo Paredes”.

No es solo un tema de percepción. Hay razones tan concretas como créditos hipotecarios y compra de inmuebles. Según el Centro Liber, por ejemplo, solo en la era Castillo (año y medio) hasta 120 congresistas incrementaron su patrimonio de forma exponencial. Eso no sería una alerta en sí misma, salvo por las extrañamente bajas remuneraciones que muchos registraron en sus respectivas declaraciones juradas. Hay 25 parlamentarios con patrimonios que rebasan los S/200 mil. Y hay siete que superan los S/500 mil e incluso bordean el millón de soles. Entre ellos se encuentran nombres como el investigado ‘Niño’ Carlos Javier Zeballos Madariaga (Podemos Perú), José Enrique Jeri Oré (Somos Perú), Heidy Lisbeth Juárez Calle (Podemos Perú), Nilza Merly Chacón Trujillo (Fuerza Popular) y la hoy ausente Digna Calle Lobatón (Podemos Perú). El propio Zeballos, además, adquirió un departamento por S/ 800 mil en La Molina alegando que “el clima es parecido al de Puno”. Y, así como él, otros parlamentarios que incursionaron en el rubro inmobiliario fueron el ya mentado José Jerí, Óscar Zea, Katy Ugarte y la otrora poderosa Betssy Chávez.

Con tamaños argumentos, no sorprende que no haya adelanto de elecciones. Lo que sí llama la atención es la reciente proliferación de denuncias de ‘mochasueldos’. Si nos remontamos al primer caso histórico, el del congresista Manuel Lajo, este fenómeno empezó en 1995. Como explicó el ex oficial mayor César Delgado Guembes, desde ese año se permitió que los legisladores contrataran personal de confianza. Con el tiempo, el Congreso ha crecido exponencialmente. No en cuanto a parlamentarios, pues a nivel representativo es de los más pequeños de la región. El aumento de la planilla se ha dado en cuanto a asesores y trabajadores, tanto en el área de organización como en la de servicio parlamentario. En los 90, el Congreso funcionaba con 890 trabajadores. Hoy, hay más de 3 mil. Y con el porcentaje de reelección congresal reduciéndose cada año hasta su desaparición, el incentivo por mantener una relación a largo plazo con el jefe se reduce a cero. El círculo no es precisamente virtuoso: un parlamentario contrata asesores inexpertos para que le deban la vida y no se quejen al apoquinar un diezmo con cada mensualidad. Pero son esos mismos asesores que no tienen nada que perder los que terminan denunciándolos. “Como ya saben que la prensa los va a atacar, no se molestan en contratar a gente experimentada para que les cuide las espaldas”, dice una congresista sobre sus noveles pares. El cortoplacismo y la no reelección aceleran el proceso de deterioro.

A eso se le suma que el Congreso se maneja como una empresa de los 80. El poderoso Sitracon (Sindicato de Trabajadores del Congreso) se impone para conseguir bonos COVID, aguinaldos navideños o escolaridad hasta para los que no tienen hijos, pero es el presidente del Congreso, José Williams, quien debe dar la cara y aprobar un ‘bono por ampliación de legislatura’ “sin estar totalmente de acuerdo”. Esa figura se repite a la hora de aumentar plazas laborales, eventos congresales y permisos de teletrabajo (a meses de la pandemia). Términos como ROF (Reglamento de Organización y Funciones) y POI (Plan Operativo Institucional) son letra muerta a la hora de revisar las funciones y el cumplimiento de sus metas. La conclusión es que urge una reforma administrativa, una gerencia profesional y un manejo contable serio que evite que la voluntad política pase por encima en temas como el cambio de ventanales o la elección de un buffet.

“El Congreso no tiene un espacio para formar parlamentarios ni funcionarios”, explica el ex oficial mayor José Cevasco Piedra, quien ha presentado un proyecto de escuela parlamentaria: “La inducción son solo días y el nuevo congresista depende del asesor, quien llega a tener mucha influencia. Conocer el Congreso toma dos años”. Esta escuela, dice, serviría para que los experimentados parlamentarios puedan compartir sus conocimientos. Hoy por hoy, el único libro que enseña los procesos internos del Poder Legislativo es el “Manual del Control Parlamentario” de Patricia Robinson, una publicación difundida en 2012 por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Oficialía Mayor. Pero, como la información es poder, pocos quieren compartirla o mucho menos reeditarla. “La experiencia en gestión pública y la experiencia académica deberían ser parte de los requisitos”, dice el exasesor de la parlamentaria Rosselli Amuruz, dribleando el prurito anticonstitucional. A su juicio, el problema del Parlamento es que hay demasiadas comisiones (ordinarias, investigadoras y especiales). Hay más de 50 y cada una requiere un equipo que ha engrosado la planilla. Ello se origina en la fragmentación de bancadas en minibancadas y grupos de no alineados. Y eso genera debates más largos, consensos imposibles, una carga laboral absurda y una dispersión de la atención, lo que se traduce en muchos congresistas atendiendo muchas comisiones sin resultados notables a la vista. La receta perfecta para el caos.