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Volaban alto
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Según lo señalado por el ministro del Interior, el caso Ramírez ha puesto al descubierto la segunda mayor mafia de lavado de activos en el Perú después del clan Orellana.
Sin embargo, el operativo Ícaro no solo ha puesto al descubierto el enjambre de millonarios negocios y compras de bienes, que, según la hipótesis fiscal, no se habrían formado ni adquirido de forma lícita. También ha revelado el descarado modo en que se usó una universidad privada para desviar cuantiosos fondos a los ‘negocios alternativos’ de la familia Ramírez.
Esa arista del escándalo hace reflexionar sobre la importancia de la Sunedu… pero del organismo anterior al de este Congreso amigo de las universidades bamba. Porque la Sunedu actual tiene un consejo directivo integrado por representantes de las instituciones educativas que, justamente, debería fiscalizar (¡plop!). Es decir, son ahora juez y parte.
En su modelo previo, integrado por funcionarios independientes altamente calificados, la Sunedu logró revisar de manera escrupulosa el cumplimiento de las condiciones básicas en que se desarrollaba la vida académica en estas casas de estudios. Y, gracias a su compromiso con el país, a su profesionalismo y conocimiento del tema, universidades como Alas Peruanas (UAP) y muchas otras, igualmente de bajísima estofa, perdieron un licenciamiento al que nunca debieron acceder.
Lo que es un hecho es que, con este nuevo formato, buena parte de las pseudo universidades que perdieron su licenciamiento con la anterior Sunedu están esperando su momento para solicitar una reconsideración del nuevo organismo rector, si es que no lo hicieron ya.
No solo eso. La descalificación de UAP por parte de la Sunedu original ayudó a desmontar la trama de blanqueo de capitales y desvío de fondos de una organización criminal en cuyo vértice superior se ubica, según la tesis fiscal, quien fuera secretario general de Fuerza Popular y jefe de la campaña presidencial de Keiko Fujimori, Joaquín Ramírez, actual alcalde de Cajamarca.
Una investigación fiscal que duró siete años y que comenzó a asomar a la luz pública durante la contienda electoral de 2016 llega aparentemente a su fin. Pero todo indica que, en el dominó de la política local, quedan todavía más piezas claves por caer.
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