Arlette Contreras denuncia que la están acosando a través de llamadas telefónicas

La abogada ayacuchana usó su cuenta de Facebook para hacer la acusación: “Desde hace un buen tiempo vienen hostigándome con llamadas diarias de manera muy insistente”.

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Indignada. Arlette Contreras quiere que se haga un nuevo juicio. (Roberto Cáceres)

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Arlette Contreras, mujer agredida dentro de hostal en Ayacucho, sufrió accidente de tránsito. (USI)

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Arlette Contreras tras mensaje a la nación: "Se trata de acciones y no solo palabras". (Luis Centurión/Perú21)

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La abogada pidió a la ciudadanía estar atentos a su caso a cargo de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. (USI)

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Arlette Contreras (Elias TG)

Redacción PERÚ21

Fecha Actualización

24/08/2019 - 07:28

Arlette Contreras —la joven que fue víctima una brutal agresión por parte de su novio, Adriano Pozo, en julio de 2015—, denunció que es acosada telefónicamente.

A través de su cuenta en Facebook, la abogada ayacuchana afirmó que decidió hacer la denuncia pública porque “desde hace un buen tiempo vienen hostigándome con llamadas diarias de manera muy insistente”.

La abogada explicó que su “preocupación se acrecienta ya que buscando información, resulta que otras personas lo han reportado como peligroso (el número telefónico)”.

La abogada ayacuchana hizo un llamado a la Policía Nacional del Perú (PNP) y al Ministerio del Interior (Mininter) para que le pusieran atención a su denuncia.

Hace algunas semanas, Arlette Contreras pasó de ser víctima a acusada luego que el el Gobierno Regional de Ayacucho la denunciara por el presunto delito de falsedad genérica, pues habría presentado un certificado falso durante el trámite de investigación preparatoria en el caso seguido contra Adriano Pozo. La Fiscalía solicitó tres años de prisión contra ella.

En febrero último, el Poder Judicial absolvió a su ex pareja, Adriano Pozo, de los delitos de violación sexual e intento de feminicidio. La Sala Penal de Ayacucho decidió dejar sin efecto los cargos que se le imputaban a Pozo, y le impuso una reparación civil de S/80 mil; además, ordenó que se le anulen los antecedentes judiciales y policiales.

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