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Caso Saweto: Deudos exigen sentar precedente por defensores ambientales asesinados

El fallo en primera instancia se emitiría a fines de marzo. Proceso investiga el asesinato de cuatro líderes asháninkas de la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto.

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Fecha Actualización
El emblemático caso Saweto, que investiga la muerte de cuatro líderes asháninkas de la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto, en la región Ucayali, está entrando a su etapa final. Se espera que el fallo en primera instancia se emita a fines de marzo. Este marcará un hito en la búsqueda de justicia para las víctimas Edwin Chota, Leoncio Quintísima, Jorge Ríos y Francisco Pinedo, que fueron emboscados y asesinados el 1° de septiembre del 2014.
La acusación fiscal solicita 35 años de prisión por el delito de homicidio calificado para los autores mediatos de los crímenes. La sentencia tendrá el potencial de enviar un mensaje poderoso sobre el rol del Estado en la protección de los defensores ambientales.
Por ello, Ergilia Rengifo López, viuda del líder indígena Jorge Ríos, exige justicia y responsabilidad.
Ya han pasado 10 años desde que buscamos justicia. Y esto me indigna. A diario hemos ido al Juzgado Penal (de Ucayali) para que se agilice el caso. Estamos ahí todos los días y no tenemos recursos para comer. Incluso, hemos dormido en la vía pública, pidiendo justicia”, expresó Ergilia que teme que el proceso se estanque.
En su frustración por la lentitud del proceso judicial, exhortó a la presidenta Dina Boluarte para agilizar el caso. “La presidenta Dina Boluarte que asuma su responsabilidad como presidenta, y vele por los derechos de los pueblos indígenas, que luchan por su territorio; y que agilice el tema de la condena”, manifestó.

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Por su parte, Alberto Yusen Carazas, abogado de las viudas de los líderes indígenas acribillados, sostiene que una sentencia condenatoria sería un fuerte mensaje de disuasión para aquellos que amenazan a los defensores del medio ambiente.
Si la sentencia resulta ser condenatoria, el Estado peruano, a través de sus órganos de justicia, estaría enviando un mensaje claro: la justicia se impartirá a aquellos que han asesinado cruel y sanguinariamente a líderes indígenas en defensa de sus derechos de protección del medio ambiente y sus bosques”, aseveró.
Además, remarcó que no debemos olvidar que ya llevamos más de 33 líderes indígenas asesinados en el Perú, por lo que es crucial que el Estado demuestre su compromiso con la protección de estos valientes defensores y su lucha por preservar el medio ambiente para las generaciones futuras.
“Nuestras expectativas para encontrar justicia son muy altas por todo el trabajo realizado en el juicio oral. Se han desplegado diversos testigos de la comunidad, a fin de tener una tesis concisa. Confiamos mucho en la justicia, en la sala y creemos que hemos hecho un trabajo adecuado”, aseguró.

JUICIO ENTRA A LA FASE FINAL
Esta semana, en el Juzgado Penal Colegiado Conformado de Ucayali, el juicio ingresó a una fase crucial: el último martes se realizó la presentación de pruebas de oficio.
Carazas explicó que estas pruebas han sido ofrecidas por la defensa de los hermanos Josimar y Segundo Atachi Félix y de José Carlos Estrada Huayta, por quienes se solicita 35 años de prisión por el delito de homicidio calificado.

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Han presentado varias pruebas, incluyendo el testimonio de Tomás Guerrero, dueño de un bar local, y dos documentos que contienen cartas del fallecido Edwin Chota.
Lo que ellos quieren enviar a los jueces es el mensaje de que había mucho movimiento de droga por esa zona”, explicó Carazas. Sin embargo, en la audiencia se refutarán estos argumentos, destacando que Edwin Chota era un líder respetado en su comunidad y un activo denunciante del tráfico ilícito de madera.
Refirió que el testimonio de Guerrero es un intento de los abogados de los acusados de desvirtuar lo que ha declarado el testigo protegido en el juicio oral.
Informó que, a partir del martes 29 de febrero, se entrará a una etapa de alegato de clausura, que es el cierre final, en el cual todos los abogados, de acuerdo a los testigos, deben hacer sus alegatos de clausura.
Luego del 15 de marzo próximo, que será la última programación, el Juzgado Penal Colegiado Permanente de Ucayali fijará una fecha probable para la lectura de sentencia.

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