Más de 7 millones de peruanos no cuentan con agua potable

El gremio empresarial afirmó también que 8.3 millones de ciudadanos carecen del servicio de alcantarillado en todo el país.

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Las obras incluyen desde la distribución hasta el tratamiento de aguas residuales. (Foto: GEC)

Redacción PERÚ21

Fecha Actualización

25/08/2019 - 02:31

Alrededor del 22.7% de la población peruana o poco más de 7 millones de habitantes consume agua no potable, con los riesgos que ello implica. Son 2.5 millones en zonas urbanas y 4.8 millones en zonas rurales que consumen agua no potable proveniente de la red pública, informó el instituto de economía y desarrollo empresarial de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Cabe mencionar que de los 28.9 millones de habitantes que consumen agua proveniente de red pública, son 21.8 millones los que la reciben en condiciones de potabilidad, esto es el 84.9% de la población urbana y el 8.5% de la población rural.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la mala calidad o el agua contaminada pueden transferir enfermedades como la diarrea, cólera, fiebre tifoidea y otras.

“Con base en las cifras del INEI del año móvil noviembre 2017 - octubre de 2018, en las zonas urbanas se observa que la relación es de ocho a uno entre las personas que acceden a agua potable respecto a no potable" manifestó César Peñaranda, director ejecutivo del instituto de economía y desarrollo empresarial de la CCL.

"En las zonas rurales es a la inversa, es decir, son siete personas que acceden al agua no potable por cada persona que accede a agua potable”, añadió Peñaranda, .

Por otra parte, el 25.8% de la población no cuenta con red pública de alcantarillado. La falta de este servicio afecta a 8.3 millones de peruanos, de los cuales 2.4 millones pertenecen a zona urbana y 5.9 millones a zona rural.

En este contexto, el instituto de la CCL menciona que el desafío en el ámbito urbano de integrar las empresas de servicios de saneamiento para alcanzar economías de escala y mejorar su viabilidad financiera ya lleva una década y no se han logrado avances concretos.

“El nuevo marco legal vigente desde diciembre del 2016 debe encauzar una mejor institucionalidad en el sector saneamiento e impulsar las inversiones que nos lleven a cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible”, anotó el ejecutivo.

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