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Cerca del 30% de cámaras de videovigilancia a nivel nacional están inoperativas

La Contraloría verificó el funcionamiento de dichos equipos en 161 municipalidades del país. Además, advirtió que las grabaciones de las videocámaras no se almacenan por el plazo mínimo de 45 días, como lo establece la ley.

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Tras un operativo donde supervisaron el funcionamiento y mantenimiento de las cámaras de videovigilancia instaladas por las municipalidades a nivel nacional, la Contraloría General de la República identificó que de un total de 6 468 cámaras verificadas, el 29% (1907) se encontraban inoperativas, hecho que podría afectar el monitoreo permanente que deben realizar los gobiernos locales para brindar el servicio de seguridad ciudadana a la población.
La medida fiscalizadora inició el 17 de setiembre al 25 de noviembre de 2021, con el apoyo de los Monitores Ciudadanos, 161 servicios de control en igual número de municipalidades de las regiones de Amazonas (4), Áncash (10), Apurímac (7), Arequipa (8), Ayacucho (4), El Callao (4), Cajamarca (4), Cusco (9), Huancavelica (5), Huánuco (5), Ica (8), Junín (8), y La Libertad (10). Asimismo, en Lambayeque (8), Lima Metropolitana (15), Lima Provincias (8), Loreto (2), Moquegua (3), Pasco (4), Piura (9), Puno (6), San Martín (4), Tacna (7), Tumbes (6) y Ucayali (3).
En las visitas de control también se evidenció que el 85% (137) de los gobiernos locales supervisados, tenían al menos una cámara inoperativa. Además, advirtieron que la situación vulneraría el Reglamento de la Ley N° 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, que establece que los gobiernos locales y regionales están obligados a implementar y garantizar el funcionamiento del sistema de videovigilancia, radiocomunicación y telecomunicaciones para la seguridad ciudadana en vías y espacios públicos de sus respectivas jurisdicciones.
Almacenamiento de grabaciones
La Contraloría también advirtió que las grabaciones de las videocámaras no se almacenan por el plazo mínimo de 45 días, como lo establece la ley. Verificaron que de 148 municipios con cámaras en funcionamiento (4561 cámaras), 115 gobiernos locales (3336 cámaras) no cumplían con el plazo mencionado, es decir, el 78%, lo que podría afectar el acceso a las grabaciones por parte de la ciudadanía y las entidades competentes.
Con el incumplimiento del plazo de almacenamiento de las grabaciones, los gobiernos locales vulneran el Reglamento del Decreto Legislativo N°1218, el cual regula el uso de las cámaras de videovigilancia, y la Ley 20120 de apoyo a la seguridad ciudadana.
Los informes con los resultados de las visitas de control fueron notificados a los titulares de los gobiernos locales correspondientes para que puedan adoptar las acciones pertinentes que permitan superar los hechos identificados.
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