Funcionarios de Municipalidad Provincial de Azángaro habrían manipulado padrón para beneficiarse con Bono S/380 en Puno

La intervención se realizó a las 10:30 a.m. El doctor Edgar Coilo Peleo, de la Primera Fiscalía Provincial de Azángaro llegó hasta la Unidad Local de Empadronamiento para actuar de oficio ante la denuncia en las redes sociales que varias personas de esta comuna habían alterado los padrones para beneficiarse con el bono de S/380 que entrega el gobierno a las familias más necesitadas en este periodo de cuarentena por el Covid-19.

En el lugar, el fiscal se entrevistó con Linda Jenifer Amanqui, quien es la jefa del SISFOH. Sobre varios escritores encontraron padrones, aparentemente adulterados. Grande fue la sorpresa del doctor Coilo cuando vio en la relación el nombre de esta funcionaria como una de las beneficiadas.

En los padrones, el fiscal encontró el nombre de 18 personas que eran trabajadores de la Municipalidad Provincial de Azángaro. Entre ellos Mariela Celia Mamani Ñaupa (secretaria de Alcaldía), Yajaira Calcina Vilcapaza (secretaria de la comuna), Hubert Josué Romero (cotizador), Magali Calcina Tito (Jefa del Programa del Vaso de Leche), Sunilda Calcina Gutiérrez (secretaria de Oficina de Infraestructura), Roxana Rodríguez Paredes (esposa del regidor Alvaro Mayta), Julio Ramos (chofer), entre otros. También figuraba la empadronadora y está había incluido a sus padres y hermanos.

El fiscal ordenó a la Policía la incautación de cuatro computadoras y los padrones impresos encontrados sobre varios escritores. Los implicados serán investigados por el presunto delito de falsedad y omisión de funciones, entre otros.

Tras conocerse este escandaloso hecho, la Municipalidad Provincial de Azángaro, a través de un comunicado, informó que “la comuna ha advertido indicios que afectan a la correcta administración de los bienes estatales, por tanto, concluyó el contrato de Linda Amanqui Turpo, quien laboraba como jefa de la Unidad de Focalización de Hogares (SISFOH) y demás trabajadores involucrados”.

También precisa que “la Municipalidad Provincial de Azángaro inició una exhaustiva investigación para determinar las responsabilidades administrativas y penales. Asimismo, otorga todas las facilidades al Ministerio Público a la Contraloría General de la República a fin de garantizar el cumplimiento de la ley”.