En el Día Mundial contra la Trata de Personas, se recordó que Perú registra un promedio de 5,400 denuncias por este delito cada año, lo que equivale a 15 denuncias diarias. Según el Sistema de Gestión Fiscal del Ministerio Público, entre 2018 y abril de 2022, se contabilizaron más de 29,400 denuncias de trata de personas.
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Estas cifras alarmantes revelan que el 85% de las víctimas son mujeres, el 36.2% son menores de edad y el 72% fueron captadas a través de falsas ofertas de trabajo. Además, el 82% de los casos tuvieron como finalidad la explotación sexual y laboral, y en el 15.5% de los casos, el tratante era un conocido, cónyuge, familiar y/o tutor de la víctima, según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior.
Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo, destacó los esfuerzos del Estado en la mejora normativa y la implementación de una Policía y Fiscalía especializadas, así como la creación de una Política Nacional contra la Trata de Personas y una comisión multisectorial.
No obstante, Valdés subrayó que aún queda mucho por hacer, especialmente debido al aumento de la criminalidad organizada que ha permitido que este delito crezca, se expanda y se diversifique, incrementando el número de víctimas, especialmente entre la población migrante.
En este contexto, Valdés advirtió que la falta de presupuesto afecta gravemente la eficiencia de las autoridades para combatir la trata de personas. De acuerdo con una investigación realizada por CHS Alternativo, se necesitan más de 1,100 millones de soles para financiar la investigación, persecución, atención a víctimas y prevención del crimen, como está contemplado en los 42 servicios que abarca la Política Nacional contra la Trata de Personas. Sin embargo, el presupuesto específico asignado por el Estado para este fin apenas llega a 5 millones de soles.
RENDICIÓN DE CUENTAS
Tal como lo establece la Ley 29918, las autoridades rindan cuentas ante el pleno del Congreso sobre el trabajo que están haciendo, para que así se entiendan las necesidades que enfrenta esta problemática y se pueda solicitar más recursos. No obstante, indicó que desde el año 2018, por la vorágine política y por la pandemia, el Ejecutivo no ha informado sobre su trabajo frente a este crimen.
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