Investigación a las UGEL alcanza al Gobierno Regional de Piura

Solicitarán el levantamiento del secreto de las comunicaciones a las consejeras Grecia Arriola (Talara) y Cecilia Torres (Paita).

Johnny Obregón

Fecha Actualización

24/08/2019 - 11:54

Las consejeras regionales de Piura, Grecia Arriola (Talara) y Cecilia Torres (Paita) están en aprietos luego de que se acordara levantar el secreto de las comunicaciones a ambas por estar presuntamente implicadas en actos de corrupción en la Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) de sus jurisdicciones.

Así lo anunció el secretario regional Anticorrupción de Piura, Jaime Távara, quien señaló que se llegó a este acuerdo durante la reunión sostenida con la comisión regional anticorrupción integrada por los consejeros Oscar Echegaray, Eligio Sarango y Hermer Alzamora. El pedido se hará efectivo este lunes.

“Después de conocerse que en la carpeta fiscal que investiga el caso de las UGEL Talara y Paita, habría correos electrónicos en los que se establece que ambas consejeras proponen como jefes de Ugel a personas de su entorno, es que a nivel de comisión hemos tomado esta determinación”, explicó Távara.

ASOCIACIÓN ILÍCITA
En tanto, Echegaray, dijo que estas dos consejeras, que pertenecen al oficialismo, están blindando cualquier investigación en las UGEL. “Hay indicios de que hay una asociación ilícita para delinquir que trabaja al interior de instituciones ligadas al gobierno regional. Eso lo dice el fiscal que investiga el caso de las UGEL. Allí estarían autoridades políticas, ex funcionarios y servidores. Es mi opinión personal”, precisó.

Perú21 intentó conseguir la versión de las consejeras Arriola y Torres pero los continuos llamados a sus celulares no fueron atendidos y en la sede del gobierno regional dijeron que solo acudieron hasta el jueves.

Como se informó, en las UGEL de Paita y Talara, la Policía y la Fiscalía Anticorrupción realizaron intervenciones. En el caso de Talara, en junio del año pasado se detuvo a cuatro implicados en un presunto desfalco en perjuicio del Estado de S/4 millones.

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