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Un Estado abusador y ausente que le dio la espalda a la pequeña ‘Mila’

Cuando la negligencia y los prejuicios religiosos se suman para no actuar con justicia y prontitud frente a un caso de violación sexual contra una niña de 11 años, en Loreto. Un juez dejó en libertad al abusador, el padrastro de la víctima.

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¿Justicia? ¿Qué es justicia? Para la Defensoría del Pueblo, los servicios de justicia deben estar caracterizados por su independencia, imparcialidad, celeridad y transparencia. ¿Pero eso ocurre en nuestro país? No. Y un claro ejemplo es el caso de la pequeña ‘Mila’, una niña de 11 años, violada sistemáticamente por su padrastro Lucas Pezo Amaringo, de 41 años, y que, producto de esta brutalidad, resultó embarazada. A ella, inicialmente, se le negó el acceso al aborto terapéutico en el Hospital Regional de Loreto.
“En políticas públicas, no debe primar la ideología ni las creencias religiosas”, dijo, a Perú21, la reconocida periodista Teresina Muñoz Najar, autora del libro ‘Morir de Amor’, un reportaje sobre feminicidio en el Perú. Ella aseguró que, en conversación con un alto funcionario del Ministerio de Salud (Minsa), este le confesó que tiene que luchar contra los médicos que tienen creencias religiosas y que se niegan a efectuar esta clase de procedimientos. “La política pública tiene que ser aconfesional. No puedes mezclar tus ideas religiosas, por muy respetables que sean, con las políticas públicas, que ya están diseñadas”, indicó.
‘Mila’ vivía con su familia en una zona rural de Iquitos sin acceso a servicios básicos. No sabe leer ni escribir. Cuando cursaba el tercer grado de primaria, fue retirada del colegio por su padrastro, Lucas Pezo Amaringo, un ser violento que ya maltrataba a la mamá de la pequeña. “Este sujeto la retiró de la escuela evidentemente para seguir generando toda la violencia física, psicológica y sexual sobre la menor y su madre, además de violencia física, psicológica y económica sobre sus otros hermanos”, indicó a Perú21 la abogada de Promsex Isbelia Ruiz, una de las que ha asumido su defensa. En 2021, un familiar denunció a Pezo por tocamientos indebidos contra ‘Mila’. “Esa denuncia no provocó ningún movimiento del Estado. Nunca buscaron al agresor, no pasó por una pericia psicológica, jamás hicieron nada para investigar la situación de ‘Mila’ y de su familia”, indicó la abogada.
El 2 de julio, en un acto que revela la desesperación en la que se encontraba, la pequeña denunció por violación a su padrastro, el que fue detenido el 3 de julio, tras otra denuncia por el mismo delito hecha por la madre de la menor. Allí también se enteró de que se encontraba en estado de gestación. Tres días después, sin embargo, el magistrado Bernuel Espíritu Portocarrero, del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de Loreto, dejó en libertad a Pezo, en un hecho condenable y en el que no se podría descartar alguna irregularidad. Este juez, en declaraciones a diversos medios, argumentó que “no había pruebas suficientes”, “que la fecha del embarazo no coincidía con la versión de la niña” y otras penosas justificaciones.
El drama judicial seguía, en paralelo, a otro más complejo: el embarazo de la niña. El 3 de agosto, una junta médica le negó el aborto terapéutico, solicitado por la madre de la menor, cuando ya contaba con 18 semanas de embarazo. Los galenos consideraron que ‘Mila’ no tenían ninguna alteración mental y que su embarazo iba por buen camino. El caso tuvo que hacerse mediático, lamentablemente, para que las autoridades reaccionen. En un comportamiento cuestionable, Lisbeth Mori, directora de la Unidad de Protección Especial de Loreto, le dijo a la mamá de la niña: “La violencia sexual que ha sufrido tu hija no se va a sanar con el aborto que le van a practicar”.
‘Mila’ fue traída a Lima el 9 de agosto, el 12 fue sometida a un aborto terapéutico en el Instituto Nacional Materno Perinatal. Paralelamente, la justicia trataba de enmendar su error. El caso fue derivado a una sala superior, que, el 16 de agosto, dictó nueve meses de prisión preventiva para el prófugo Lucas Pezo, un sujeto con un perfil psicosexual digno de un depravado.
“Nos podemos dar cuenta de que los funcionarios no actúan bajo el marco de la ley y los derechos, sino que muchas veces dentro de sus funciones quieren dejar sentadas sus opiniones de manera subjetiva. Y dentro de ellas se encuentra la religión”, expresó la abogada Isbelia Ruiz.
QUEDA UNA MARCA
La psicóloga Carmen Wurst, especialista en tratamiento de casos de violencia, consideró que la idea de irrumpir, de apoderarse de los cuerpos, de las mentes y del desconocimiento de la sexualidad de los niños, es un crimen que tiene secuelas de por vida.
“El niño, inicialmente, no tiene un registro de la sexualidad. Cuando crece, cuando pasa a la pubertad, a la adolescencia, entra en un estado de vulnerabilidad y empieza a rechazar todo acercamiento sexual, todo lo que le remita a esa vivencia traumática de la infancia”, refirió a Perú21. Indicó, sin embargo, que esto no es irreversible.
Agregó que hubiera sido fatal que se obligue a ‘Mila’ a continuar con el embarazo. “Es la interrupción del desarrollo. Esa niña no está preparada para una crianza. La maternidad tiene que partir de un deseo. Cuando el embarazo es forzado, hay un rechazo”, afirmó.

DATOS:
La abogada Isbelia Ruiz ha pedido a las autoridades que permitan que la madre de la pequeña ‘Mila’ pueda verla a ella y a sus hijos, pues estos se encuentran bajo la tutela del Ministerio de la Mujer.
Exigió, además, la captura inmediata de Lucas Pezo Amaringo, quien ha amenazado en reiteradas oportunidades a su defendida.

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