Abogados investigados por extorsión boicotean Las Bambas

Frank Chávez Sotelo fue sentenciado por falsificación de documentos y junto a su hermano Jorge están investigados por extorsión, organización criminal, resistencia a la autoridad, entre otros presuntos delitos. Ellos asesoran a los comuneros de Fuerabamba.

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Desde el 22 de agosto los manifestantes han cavado zanjas en el corredor vial minero para impedir el transporte del metal.

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Participan de todas las actividades de la comunidad de Fuerabamba.

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Desde inicios de este año los abogados son los asesores legales de la comunidad de Fuerabamba.

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Los dirigentes de Fuerabamba han presentado una denuncia contra MMG, empresa que opera Las Bambas, y exigen un pago de S/1,500 millones. (Foto: Facebook)

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Los hermanos Chávez Sotelo están detrás de las protestas que han obstruido el pase a la mina Las Bambas.

Amet Aguirre

Fecha Actualización

24/08/2019 - 14:07

Desde el miércoles 22 de agosto, un grupo de 70 vecinos de la comunidad campesina de Fuerabamba (Apurímac) ha bloqueado un tramo del corredor vial minero en Cusco para impedir el acceso a Las Bambas, la operación cuprífera más grande del Perú.

Los manifestantes dejaron sus viviendas en Challhuahuacho, donde fueron reubicados en 2015 por MMG, operador del proyecto, para reclamar un pago de S/1,500 millones adicionales a lo que ya se les había entregado. Pero ante la negativa de MMG, han empezado a cavar –ilegalmente– zanjas en la carretera para impedir el paso del mineral, azuzados por dos abogados investigados por extorsión.

“El presidente de la comunidad de Fuerabamba nos envió una carta el 24 de mayo en la que amenaza con iniciar acciones civiles y penales, y paralizar la operación minera si en un lapso de tres días no se cumple con sus requerimientos”, indicaron fuentes del proyecto Las Bambas.

En 2010, MMG firmó un acuerdo con los vecinos de Fuerabamba. El trato incluyó un pago de un S/350 mil por cada cabeza de familia, además de una casa de tres pisos en una ciudad construida por la minera que se llamó Nuevo Fuerabamba. ¿Por qué han salido nuevamente a protestar?

LOS HERMANOS CHAVEZ
“Doctor, gracias por habernos avisado la verdad (…). Ahora vamos a reclamar hasta las últimas consecuencias”, le dijo Edison Vargas Huamanga, vicepresidente de la comunidad de Fuerabamba, a los abogados Frank y Jorge Chávez Sotelo en una reunión a inicios de este año.

Los hermanos Chávez han sido los encargados de convencer a los comuneros de exigir la millonaria suma y se han convertido en sus asesores legales a cambio de jugosos honorarios.

Estos abogados han estado involucrados en serios problemas judiciales. El 29 de enero de este año, un juzgado de Abancay sentenció a Frank Chávez a tres años de prisión suspendida por falsificación de documentos.

En 2012, el letrado se acercó a la Corte Superior de Justicia de Apurímac y pidió el libro de Registro de Jueces de Paz para fotocopiarlo, con la excusa de la elaboración de una tesis de investigación. Sin embargo, lo que Frank Chávez hizo fue borrar y adulterar el nombre de los jueces titulares de los distritos judiciales de Tapayrihua, Ayllasana y Laym

e.En ese entonces, los hermanos Chávez litigaban en uno de esos juzgados un caso de indemnización, por lo que intentaron favorecer a sus patrocinados falsificando los papeles.

Por otro lado, en enero de 2017, la procuraduría del Ministerio del Interior denunció a los Chávez por los presuntos delitos de extorsión y organización criminal. En ese caso, los agraviados fueron la minera MMG y el Estado.

Como consecuencia, la Fiscalía de Crimen Organizado de Abancay (adonde se derivó la denuncia) dispuso la ampliación de investigación hasta setiembre de este año.

Los abogados también han sido señalados por delitos como violencia y resistencia a la autoridad, estafa y falsificación de actas en contra de una comunidad en Abancay.

TENGA EN CUENTA
* El Gobierno ha creado un grupo especial multisectorial liderado por la Presidencia del Consejo de Ministros para resolver el conflicto social.

* Un equipo del Ministerio de Energía y Minas se encuentra en Chumbivilcas –la zona afectada– dialogando tanto con la comunidad como con la empresa para llegar a un consenso y evitar que se susciten hechos de violencia.

* La Defensoría del Pueblo ha pedido al Ministerio de Transportes y Comunicaciones que se informe el estatus legal de la carretera en cuestión y explique qué tipo de mecanismo se utilizó para disponer de las tierras de la comunidad.

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