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Perú le responde a la Corte IDH por indulto a Fujimori: “No ha existido desacato alguno”
El Gobierno del Perú ha respondido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que, a través de un documento, informó que el Estado habría incurrido en desacato al liberar al expresidente Alberto Fujimori.
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El Gobierno del Perú le ha respondido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que, a través de un documento, informó que el Estado habría incurrido en desacato al liberar al expresidente Alberto Fujimori.
En ese sentido, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Justicia publicaron un comunicado donde aclara que Estado peruano es respetuoso de los tratados que protegen los derechos humanos.
“El Estado peruano es plenamente respetuoso de los tratados y decisiones del sistema de promoción y protección de los derechos humanos, en el ámbito regional y universal, y ratifica su firme adhesión a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que garantiza la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad”, inicia el comunicado.
Asimismo, en el documento se explica que el Perú no ha incurrido en ningún desacato.
“El Estado peruano precisa que, mediante escrito de fecha 11 de diciembre de 2023, solicitó expresamente que la Corte IDH implemente el mecanismo de supervisión reforzada, como efectivamente así ha ocurrido. En el sentido expuesto no ha existido desacato alguno por parte del Estado, puesto que las sentencias recaídas en los casos aludidos por la Corte, han sido ejecutadas y se vienen implementando dentro de los parámetros de los instrumentos internacionales de los que el Perú es parte”.
Finalmente, la Cancillería anunció que se “presentará el informe de cumplimiento que se solicita en la mencionada resolución, con la argumentación de su posición, según el procedimiento y dentro del plazo señalado por la Corte IDH, que vence el 04 de marzo de 2024".
Como se recuerda, la Corte IDH dispuso que el Estado peruano presente (04 de marzo) un informe sobre el cumplimiento de la obligación de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos en los casos de Barrios Altos y la Cantuta.
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