Alejandro Soto dilata debate de informe para acusar e inhabilitar a María Cordero

Subcomisión de Acusaciones Constitucionales lo aprobó en noviembre y aún no se agenda en la Comisión Permanente. La congresista, exintegrante de Fuerza Popular, es acusada de recortar los sueldos de sus trabajadores.

Redacción PERÚ21

Fecha Actualización

17/01/2024 - 07:03

Van a cumplirse dos meses ya desde que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso aprobó, por amplia mayoría, el informe final que recomienda acusar a la parlamentaria María Cordero Jon Tay por el presunto delito de concusión, suspenderla por el tiempo que dure la investigación en su contra e inhabilitarla por 10 años para el ejercicio de la función pública.

El presidente del Congreso, Alejandro Soto, sin embargo, no se da por enterado y, pese al tiempo transcurrido, no incluye el tema en la agenda de la Comisión Permanente que, de acuerdo a reglamento, debe debatir y votar el informe, y de aprobarlo, nombrar a una subcomisión acusadora que sustente el documento y formule acusación ante el Pleno.

Ayer, al ser consultada sobre la demora, la presidenta de la SAC, Lady Camones, dejó claro que la responsabilidad de este retraso recae en Alejandro Soto.

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“Sobre el caso de María Cordero ya la subcomisión perdió competencia, se ha decidido acusar; este caso está en la presidencia de la Comisión Permanente, corresponde ingresarlo en la agenda”, precisó.

Coincidentemente, esta semana sesionará la Permanente, lo hará esta tarde y mañana. Pero el caso Cordero no ha sido incluido para su debate, confirmó Camones.

En el caso de la exfujimorista, se recuerda, hay audios grabados por sus trabajadores en los que se le escucha conminarlos a ir al cajero. “Vamos al banco, lo necesito ahora. Yo no puedo estarte diciendo a cada rato. (…) A ti ya te depositaron, ya, vamos al cajero de una vez”, se le escucha decir.

Tenga en cuenta

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales admitió dos denuncias contra Martín Vizcarra por el presunto delito de concusión al haberse favorecido con la vacunación irregular contra el COVID-19 en 2020.

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