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Anahí Durand: Pedido de congresista para evitar protección a mujer que lo denunció es “inaceptable”

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Anahí Durand, calificó como “inaceptable” que el congresista Luis Cordero Jon Tay, quien se encuentra con licencia como parte del partido Fuerza Popular, haya pedido que no se le otorguen medidas de protección a la mujer que lo acusó de agresión física y psicológica.

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La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Anahí Durand, calificó como “inaceptable” que el congresista Luis Cordero Jon Tay, quien se encuentra con licencia como parte del partido Fuerza Popular, haya pedido que no se le otorguen medidas de protección a la mujer que lo acusó de agresión física y psicológica.
“Este pedido es inaceptable. Desde el MIMP llamaos a las autoridades a priorizar la seguridad de la denunciada. Exhortamos además al Congreso a aprobar el proyecto de ley que presentamos en noviembre para mejorar la Ley 30364 y avanzar en erradicar la violencia hacia la mujer”, manifestó la ministra en redes sociales.
Cordero Jon Tay pidió a un juez que no se le otorguen medidas de protección personal a su expareja, quien lo denunció por agredió física y psicológicamente, al asegurar que este tipo de protección “dañaría su honor”.
El noticiero Panorama difundió el documento legal en el que el legislador fujimorista pide al juzgado de familia que evalúa el caso que “no se deje sorprender” por la denuncia de la víctima pues el contenido de la acusación es falso e incluso asevera que quien lo acusa jamás fue su pareja y que se trata solo de “una conocida por temas sociales” con quien no tuvo mayor contacto.
El recurso presentado por Cordero afirma incluso que el hecho de que sea congresista hace que su imagen se vea más mellada, por lo que pide que desestime el pedido de garantías solicitado por la mujer.
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables también se pronunció para recordar que las medidas de protección responden a criterios judiciales y no políticos.
“Las medidas de protección son evaluadas por instancias del sistema de justicia, y no responden a criterios políticos. Hacemos un llamado a que se respete la naturaleza de las mismas, poniendo la seguridad de la denunciante como prioridad”, resaltó.
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