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Carmen Omonte insiste en que es víctima de una campaña de desprestigio
“Es imposible pensar que voy a favorecer a la persona de la que me estoy divorciando”, dijo en referencia a la licitación que ganó su exesposo.
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La ministra de la Mujer, Carmen Omonte, insistió en que las denuncias que hay en su contra son parte de una campaña de desprestigio en su contra, y aclaró que no sabía que su exesposo había participado en una licitación con el gobierno regional de Loreto, al alegar que en esa época ya estaba en medio del proceso de divorcio.
"Existe una campaña frontal de desprestigio contra mi actividad política que me parece lamentable (…) recibo ataques, pero si agacho la cabeza y retrocedo, sería reconocer que la política es nefasta y vil, y no lo voy a hacer", dijo en RPP.
Según indicó, la presunta campaña en su contra empezó luego de que en agosto del año pasado presentó un proyecto de ley para la no reelección de los presidentes y vicepresidentes regionales, y la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, entre otros similares.
Como se sabe, el exesposo de la ministra, Luis Dyer, ganó en setiembre de 2013 una licitación en Loreto, cuyo titular, Yván Vásquez, fue investigado por la Comisión de Fiscalización, de la cual Omonte era parte.
Omonte dijo que a comienzos de 2012 inició su proceso de separación, y que en junio de ese año formalizó los trámites para el divorcio, el cual finalmente culminó en diciembre de 2013.
"Es imposible creer que en este proceso privado y traumático (el divorcio), en setiembre considere favorecer a la persona de la que me estoy divorciando", sostuvo al referir que no tuvo ninguna participación en las decisiones de la empresa de su expareja.
Aclaró que su ingreso a la Comisión de Fiscalización fue a pedido de su partido, Perú Posible, y cuando se citó a Vásquez por una presunta malversación de fondos, ella no tenía mayores elementos de juicio."No voté ni a favor ni en contra porque era un proceso del que no estaba al tanto. A la comisión entré en setiembre y salí en noviembre", añadió.
La ministra señaló que ha pedido al Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OCSE) y a las instituciones pertinentes actuar con la mayor rigurosidad en este caso, y adelantó que entregará la información que corresponda a la Comisión de Ética y al Ministerio Público.
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