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Caso Áncash: Fiscalía pedirá levantar inmunidad de Benítez y Crisólogo
Congresistas fueron acusados de asociación ilícita y violencia contra la autoridad por caso ‘La Centralita’, en el que están procesados 62 personas.
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La inmunidad de la que gozan los congresistas Heriberto Benítez y Víctor Crisólogo, gracias a la que –hasta ahora– han podido estar al margen de las investigaciones por el caso 'La Centralita' estaría por llegar a su fin. La Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios los podría acusar por los delitos de asociación ilícita y violencia contra la autoridad.
Los legisladores están incluidos en la investigación del caso 'La Centralita', por el que están procesados 62 personas, 25 con prisión preventiva, todas ellas provenientes de diferentes esferas del poder y ligadas al detenido presidente regional César Álvarez.
Benítez Rivas es sindicado en los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir, receptación, encubrimiento real y violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones.
En el reporte del fiscal Marco Miguel Huamán Muñoz se advierte que existe la sospecha fundada de que el congresista Heriberto Benítez "se habría beneficiado con cientos de artefactos electrodomésticos, así como polos y gorras que le fueron entregadas en el local de 'La Centralita', para después ser repartidos en su campaña política (para ingresar al Congreso)".
El fiscal sostiene que estos bienes provendrían tanto de fondos públicos como ilícitos, por lo que señala que el congresista habría incurrido en el delito de receptación.
EFECTIVO MENSUALEl congresista Víctor Crisólogo, en cambio, es acusado de asociación ilícita, receptación y violencia contra la autoridad por el caso 'La Centralita'.
Es decir, habría percibido dinero mensual a cambio de vender la línea editorial del canal 31 de su propiedad. Esta transacción se habría hecho en 'La Centralita. "Ello era para permitir que se propalara información favorables a los intereses del imputado César Álvarez".
El informe, de fecha 10 de julio de 2014, amplía también la investigación preparatoria contra César Álvarez, suspendido presidente regional de Áncash, por el presunto delito administración pública (violencia contra la autoridad) en agravio del Estado.
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