Caso ‘Eteco’: Narcos de Tocache dieron armas y dinero a senderistas

El procurador Alfonso Carrizales sostuvo en su documento de 86 páginas, al accedió Perú21, que lo establecido por Méndez “constituye un pronunciamiento excesivo en las competencias del juez constitucional y cuyos efectos va a traer consecuencias funestas en la administración de justicia”.

El juez Méndez en su hábeas corpus –que terminó por favorecer a Arévalo– indicó que el mencionado no podía ser investigado porque los hechos ya habían sido materia de indagación. Sin embargo, el procurador Carrizales ha dejado claro que, lo que ahora se averigua son hechos nuevos enmarcados en el delito de colaboración con el terrorismo.

“Ha anulado toda la investigación fiscal por tráfico ilícito de drogas en beneficio del investigado (Arévalo) saliendo libre así de toda imputación penal no por lo decidido en la justicia ordinaria penal, sino por la vía constitucional no habiendo razones o condiciones constitucionales para ello”, anotó el procurador.

Esta apelación pasará por el despacho del juez Méndez, quien deberá elevarlo a la sala superior de la región San Martín. También presentó su apelación el coronel PNP de Dirandro Walter Lozano, quien trabaja en conjunto con la Fiscalía.

En la apelación presentada por el Ministerio Público se hace referencia a los elementos con los que cuenta la Dirandro. “Es necesario precisar que la persona de Miguel Arévalo Ramírez (a) ‘Eteco’ ha sido mencionado por los testigos –con identidad protegida y colaboradores eficaces–, lo que implica una línea de investigación por el presunto ilícito penal de tráfico ilícito de drogas”, señala el primer hecho.

En el segundo elemento, descrito en la apelación, menciona que la organización encabezada por ‘Eteco’ “durante el periodo de 1990 hasta 1993, le habría entregado a la referida organización terrorista (Sendero Luminoso-Comité Regional del Huallaga) fusiles de guerra como FAL y R15, así como municiones para armas largas y cortas, en razón de que durante esos años las fuerzas del orden comenzaron a destruir las pistas de aterrizaje clandestinas, entre ellas las de Cañuto y Chayacu, jurisdicción de la provincia de Tocache en San Martín”.

Un testigo en reserva también es referenciado en la apelación y señala que los terroristas del Huallaga contaron con el apoyo de los narcos de ese entonces para enfrentarse a las fuerzas del orden. “Con relación a la colaboración con el terrorismo, se tiene lo señalado por el TR 48-2019, quien precisa que el camarada ‘Artemio’ se reunía con diferentes personas que aportaban dinero, entre los cuales se hallaban los jefes de las firmas de narcotráfico (a) ‘Chuller’ de Aguaytía, (a) ‘Bigote’, (a) ‘Eteco’ y otros, quienes pagaban por cada vuelo que realizaban. Casi a diario sacaban cinco toneladas, como también en ocasiones no venían ellos mismos y enviaban a sus hombres de confianza a entregar el dinero para aportar a la organización terrorista Sendero Luminoso, también estos narcotraficantes entregaban armamento de largo alcance, municiones para continuar con la lucha armada”, dice el documento.

Todos estos hechos no pueden ser investigados porque así lo prohibió el juez Méndez.

El oficial Walter Lozano también presentó su apelación; sin embargo, lo hizo a modo personal. ¿Acaso la procuraduría del Mininter no está interesada en respaldar la posición del agente de la PNP?

OCMA abrió indagación al juez Méndez, pero esta la realiza un juez del mismo distrito judicial. ¿No debe hacerlo alguien ajeno a la región San Martín?