Caso Golpe de Estado: PJ amplía impedimento de salida del país por 18 meses a Aníbal Torres

En diciembre de 2022, se recuerda, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ordenó 18 meses de impedimento de salida del país del ex primer ministro Aníbal Torres.

Esto, por ser uno de los investigados tras el quiebre constitucional del 7 de diciembre del 2022, ocasionado por Pedro Castillo, entonces presidente, quien leyó un mensaje televisado en el que dio un golpe de Estado.

En esa oportunidad, César San Martín, quien presidía la referida sala, varió la orden de comparecencia con restricciones, impuesta en primera instancia a Torres, con la finalidad de que no se ausente de Lima Metropolitana y Callao sin un permiso especial del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.

Torres debía realizar el control virtual el último día hábil de cada mes para justificar sus actividades, concurrir a la autoridad fiscal y judicial las veces que sea citado, evitar la comunicación con los demás investigados y prestar una caución económica.

Esta es la transcripción del mensaje del fallido golpe de Estado que dio Castillo, el 7 de diciembre, transcrito en el portal Ojo Público.

“La nefasta labor obstruccionista de la mayoría de congresistas identificados con intereses racistas y sociales en general han logrado crear el caos con el fin de asumir el gobierno al margen de la voluntad popular y del orden constitucional.

Llevamos más de 16 meses de continua y obcecada campaña de ataques sin cuartel a la institución presidencial, situación nunca antes vista en la historia peruana. La única agenda del Congreso desde el 29 de julio del 2021, en que juramenté el cargo de presidente de la república, ha sido y es la vacancia presidencial, la suspensión, la acusación constitucional o la renuncia a cualquier precio.

Para esa mayoría congresal, que representa los intereses de los grandes monopolios y oligopolios, no es posible que un campesino gobierne el país y lo haga con preferencia a la satisfacción de acuciantes necesidades de la población más vulnerable no atendida en 200 años de vida republicana.

Pese a las reiteradas invocaciones del Ejecutivo al Legislativo para evitar el desencuentro entre ambos poderes mediante el diálogo y establecer una agenda común que permita el desarrollo del país, esta mayoría congresal no se ha detenido en su objetivo de destruir la institución presidencial. Esta mayoría, totalmente desacreditada, con un nivel de aprobación ciudadana entre el 6 y 8% a nivel nacional, ha impedido acortar la enormes brechas sociales promoviendo acciones como las siguientes: el Ejecutivo ha enviado al Congreso más de 70 proyectos de ley de interés nacional con el objetivo de beneficiar a los sectores más vulnerables de la nación, como la masificación del gas, la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el ingreso libre a las universidades, la segunda reforma agraria, la reforma tributaria, la reforma del sistema de justicia, la eliminación de la actividad económica subsidiaria del Estado, la prohibición de monopolios, los que promueven la reactivación económica, entre otros, que no han sido atendidos.

El Congreso pretendió procesar al presidente por traición a la patria con argumentos insostenibles y absurdos, de una pléyade de supuestos juristas constitucionalistas. El Congreso, sin pruebas de comisión de delitos, muchas veces con las solas afirmaciones hechas en la prensa mercenaria, corrupta y cínica que injuria, difama y calumnia con un absoluto libertinaje. Sin embargo, el Congreso no investiga y sanciona actos delictivos de sus propios integrantes. El Congreso ha destruido el estado de derecho, la democracia, la separación y equilibrio de poderes, modificando la Constitución con leyes ordinarias con el fin de destruir al Ejecutivo e instalar una dictadura congresal. Ha llegado al extremo de limitar el poder soberano del pueblo, eliminando el ejercicio de la democracia directa a través del referéndum.

La vacancia presidencial por incapacidad moral permanente es el mecanismo del control político del Congreso hacia el Ejecutivo, y, correlativamente, la cuestión de confianza es el medio de control político del Ejecutivo hacia el Legislativo. Estas dos facultades no se pueden limitar aisladamente. Sin embargo, el Congreso prácticamente ha suprimido la cuestión de confianza, dejando incólume la vacancia presidencial por incapacidad moral. Es decir, el Congreso ha roto el equilibrio de poderes y el estado de derecho para instaurar la dictadura congresal con el aval, como ellos mismos lo manifiestan, de su Tribunal Constitucional.

El Congreso no ha autorizado la salida del presidente a eventos internacionales con argumentos absurdos, como el de sostener que el presidente se va a fugar. No obstante a la pandemia de la covid-19 y a los elementos foráneos como la guerra entre Rusia y Ucrania, que han determinado que el mundo…una economía de guerra [sic], el Perú crece económicamente al 3%; el nivel de endeudamiento, la inflación y el riesgo país son los más bajos de la región; sin embargo, el Congreso, el sistema de justicia, entre otras instituciones estatales no alineadas con los grandes intereses nacionales, perturban permanentemente la realización de las acciones tendientes a un mayor crecimiento económico y el consiguiente desarrollo social.

Los adversarios políticos más extremos, en un acto inédito, se unen con el único propósito de hacer fracasar al gobierno para tomar el poder sin haber ganado previamente una elección.

Esta situación intolerable no puede continuar, por lo que, en atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción, orientado a restablecer el estado de derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguiente medidas:

-Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional,

-Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva constitución, en un plazo no mayor de nueve meses.

-A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley.

-Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022, desde las 22:00 horas hasta las 04:00 horas del día siguiente.

-Se declara en reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional.

-Todos los que poseen armamento ilegal deberán entregarlo a la Policía Nacional en el plazo de 72 horas. Quien no lo haga, comete delito sancionado con pena privativa de la libertad que se establecerá en el respectivo decreto ley.

-La Policía Nacional, con el auxilio de la fuerzas armadas, dedicaran todos su esfuerzos al combate real y efectivo de la delincuencia, la corrupción y narcotráfico, a cuyo efecto se les dotará de los recursos necesarios.

Llamamos a todos las instituciones de la sociedad civil, asociaciones, rondas campesinas, frentes de defensa y a todos los sectores sociales a respaldar estas decisiones, que nos permitan enrumbar nuestro país hacia su desarrollo, sin discriminación alguna.

Estamos comunicando a la OEA la decisión tomada en atención al artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

En este interregno, tal como lo hemos venido pregonando y haciendo desde el inicio, se respetará escrupulosamente el modelo económico basado en una economía social de mercado, que se sustenta en el principio que señala: tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Es decir, se respeta y garantiza la propiedad privada, la iniciativa privada, la libertad de empresa con una participación activa del Estado en protección de los derechos de los trabajadores, la prohibición de los monopolios, oligopolios y toda posición dominante, conservando el medio ambiente y protección de las poblaciones vulnerables.

Viva el Perú”.