Caso Zoraida Ávalos: Una inhabilitación, dos lecturas

Es una medida que se ajusta a la realidad de los hechos. El pasaje Sarratea, en Breña, se convirtió en un espacio donde se subastaban nombramientos y cargos, donde se conminaba a un ministro a otorgar 50 mil soles mensuales al presidente de la República para poderlo mantener en el cargo. Un caso que involucró al secretario de Palacio, al que se le encontró 20 mil dólares en el baño de su despacho. Mientras todo eso sucedía, la entonces fiscal de la Nación bailaba y zapateaba, pero no cumplía con su labor de perseguir el delito, de defender los valores sociales que estaban en juego. Ella tenía esa responsabilidad de hacer suya la lucha contra la corrupción y, sin embargo, solo asumió actos de servilismo y condescendencia.

En este caso hubo dos interpretaciones; una de ellas que permitía en el marco de la Constitución defender el ejercicio pleno de esas funciones, de preservar la autonomía e independencia del Ministerio Público; pero prefirió hacerse de la vista gorda y acostarse con la otra interpretación que ha permitido generar corrupción y búsqueda de la impunidad. Gracias a la intervención de los doctores Pablo Sánchez y Patricia Benavides, hicieron valer la Constitución e investigar al presidente de la República. Si esto no se hubiese hecho, hoy en el Perú estaríamos miles de personas en las calles para rescatar la democracia.

La decisión del Congreso ha dejado constancia de que se podía defender la autonomía e independencia del Ministerio Público y se podía ejercitar sus funciones dentro del marco de la Constitución. Lo que hoy es una decisión correcta podría no serlo mañana, pero para eso están el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Dentro de los poderes que velan la lucha contra la corrupción siempre hay la posibilidad de corregir un acto arbitrario.

Iván Lanegra, secretario de la Asociación Civil Transparencia, consideró que la decisión del Congreso vulnera el ejercicio del Ministerio Público a futuro, lo que es un mal precedente para la independencia de poderes.

Hay que entender que tanto los jueces como los fiscales gozan de una protección especial dentro del sistema democrático que es la garantía de su independencia; que su función no sea perjudicada por ningún poder, ya sea económico o político. Es una garantía que cuando se tenga que enfrentar a la justicia se dé un trato justo y equitativo.

Cuando el poder político interfiere, el principio del que estaba hablando se afecta. Ojo, no estoy diciendo que un juez o fiscal no pueda ser sancionado o pueda ser sometido a un procedimiento, pero para eso hay sistemas dentro de la Justicia o el Ministerio Público. La figura de la sanción que impone directamente el Congreso no está vinculada con una sentencia o una acción judicial previa, es algo que sale directamente del Congreso. Por eso se sostiene que el Congreso, ahora, tiene el poder de sancionar a jueces o fiscales de acuerdo a la interpretación que le parezca.

Que dentro del Poder Judicial se vea el caso con el debido proceso y que luego de concluir la investigación se proceda a una sanción, porque sobre todo se respeta la presunción de inocencia. No se debió dar una sanción previa, mucho más si se trata de la salida de la función jurisdiccional. Este es un estándar internacional tanto de la Organización de las Naciones Unidas como del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es muy conocido en todo el mundo.

El caso del exfiscal Pedro Chávarry o el juez Hinostroza. Los jueces o fiscales van a estar preocupados de que en el futuro se realice un juicio político contra ellos. Esa es una afectación a su independencia y, que incluso, cuestiona el sistema democrático porque la independencia de los jueces y fiscales es un pilar de la democracia. Imaginemos que usted es un fiscal supremo que tiene que investigar a un congresista por un delito cometido, ahora que tiene esta espada de Damocles, fácilmente el Congreso podría sacarlo, por el simple hecho de haber iniciado una acción en contra de un congresista.