Compra de satélite Perú SAT-1 se hizo mediante una contratación menos exigente y transparente

El satélite Perú SAT-1 provoca tanta desconfianza que es mejor observarlo con lupa. La misma noche en que fue lanzado, mientras el país aplaudía las imágenes televisivas del cohete que lo transportó hasta la exósfera terrestre, a 694 kilómetros de distancia, el Congreso de la República decidió investigar los detalles de su consecución.

Ese episodio ocurrió el pasado 15 de setiembre y ahora pocos se muestran dispuestos a certificar la transparencia del proceso que les concedió a los franceses la construcción y puesta en funcionamiento del aparato, el cual costó una fortuna en soles.

El registro de esta historia, salpicada de irregularidades y contradicciones, comenzó con la visita de Pedro Cateriano a París, el 10 de noviembre de 2012. El entonces ministro de Defensa anunció el interés del gobierno de adquirir helicópteros y un satélite.

Esa declaración fue el comienzo de un conteo regresivo. "La cooperación (entre Perú y Francia) es terrestre, aérea, naval y satelital", se lee en una carta de intenciones que también firmó el ministro de Defensa francés, Jean-Yves Le Drian. Los hechos subsiguientes parecen las líneas de un libreto previsto hasta en sus mínimos detalles.

El 15 de noviembre del 2012, Ollanta Humala ratificó los términos de esa cooperación con su homólogo François Hollande, y el 17 de diciembre de ese mismo año, tras una invitación oficial, un grupo de militares del Perú recorrió la fábrica de Astrium Defence and Space en la ciudad de Toulouse, a 600 kilómetros al suroeste de París. ¿Fue una mera coincidencia? En esa planta fue donde se terminó construyendo el Perú SAT-1.

A la luz de los indicios, la pregunta que todavía no responden las autoridades es: ¿Ollanta Humala tenía decidido comprarle el satélite a Astrium Defence and Space desde antes de que se abriera la convocatoria para que otras compañías, de países diferentes a Francia, se postularan? Si fue así, ¿por qué lo hizo?, ¿a cambio de qué? Un hecho previo solo acrecienta las dudas.

El viceministro de Recursos para la Defensa, Jakke Valakivi, le preguntó al Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), si era posible llevar a cabo una compra bajo la modalidad de gobierno a gobierno.

El 19 de julio de 2012, el OSCE le respondió al viceministro que esa figura no estaba contemplada en la ley; sin embargo, también le dijo que, de hacerse, la contratación de gobierno a gobierno se regiría por el derecho público internacional, es decir, sin injerencia de las normas de contratación peruanas.

Si el presidente Ollanta Humala buscaba un resquicio por donde burlar los controles, por ejemplo la obligación de convocar una licitación pública, lo halló en esa respuesta.

Un año y medio después, el 4 de noviembre de 2013, Pedro Cateriano entregó una declaración en tono de exclusiva: "Hace meses, cuando viajé a Francia, le manifesté al ministro de Defensa de ese país el interés por adquirir un satélite mediante el mecanismo de gobierno a gobierno".

Repetida hoy, aquella declaración resulta reveladora debido a que, para entonces, los otros proveedores interesados en venderle al Perú un sistema satelital todavía no habían entregado su propuesta técnica y económica. De nuevo, los hechos subsiguientes parecen las líneas de un libreto previsto hasta en sus mínimos detalles.

Justo antes de iniciar la convocatoria internacional, que supuestamente le abría las puertas en igualdad de condiciones a cualquier empresa fabricante de satélites, el gobierno incluyó una advertencia en la trigésima disposición complementaria del presupuesto de 2013, promulgada el 3 de diciembre de 2012, menos de un mes después de que el Ollanta Humala regresó de París.

La advertencia fue esta: "El procedimiento de la contratación y la ejecución del contrato de Estado a Estado se regula bajo los alcances del comercio internacional y por las normas y principios del derecho internacional". Con aquella salvedad, el presidente se declaró libre de negociar con cualquiera y, eventualmente, en condiciones no previstas por la Ley de Contratación Pública del Perú.

Una vez hecho público que la empresa escogida era la francesa Astrium Defence and Space, el ministro Cateriano tuvo que defender el modelo de negociación porque originaba suspicacias y más preguntas que respuestas. Sus declaraciones, intentando conjurar las dudas, se repitieron una y otra vez.

"La ventaja de un acuerdo como este es que el gobierno peruano le paga directamente al gobierno francés, lo que garantiza su transparencia", dijo el 4 de noviembre de 2013.

En un país con uno de los índices de corrupción más altos del mundo, esas palabras se oyeron como una promesa de pulcritud. Pero escondían una espina de pescado.

En primer lugar porque la compra de gobierno a gobierno no está prevista en nuestra Ley de Contratación, y en segundo lugar porque el ministro, conocedor al detalle de los términos del acuerdo entre Perú y Francia, debía saber que el pago se haría a una cuenta privada, no estatal.

En la página de la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial (Conida) se puede comprobar que, en efecto, los pagos se hicieron a nombre de Astrium Defence and Space, no del gobierno francés (ver detalle del documento).

Interrogado por Perú21, el ex ministro esgrime una lógica a la que antes no apeló: "Obvio que la factura no puede estar a nombre del gobierno francés: el gobierno francés no fabrica satélites". (Leer entrevista).

Finalmente, el contrato de compra del sistema satelital se firmó el 24 de abril de 2014, en la sede del Cuartel General del Ejército. "Si la empresa no cumple de acuerdo a lo comprometido, el Estado peruano podrá accionar ante el Estado francés, porque ellos han garantizado el proyecto", dijo el entonces ministro de Defensa, y de nuevo sus palabras sonaron como una promesa de pulcritud.

El 10 de noviembre de 2014, ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, Pedro Cateriano fue más lejos: "Es la primera vez que Francia celebra con el Estado peruano un convenio de gobierno a gobierno, en el cual garantiza que el proyecto se cumpla. No existen en el pasado operaciones, ni de compra de cualquier clase de material, en donde el Estado francés haya garantizado la operación". Nada de eso resultó cierto.

El acuerdo firmado entre Ollanta y Hollande es taxativo: "En caso de ejecución incorrecta de las obligaciones previstas en el protocolo de aplicaciones y de su anexo, únicamente se podrá atribuir la responsabilidad al proveedor industrial (Astrium Defence and Space). El proveedor industrial no gozará de ninguna solidaridad o garantía, implícita o expresa, de la parte francesa". (Ver detalle del documento).

La verdad parece más grande que el satélite, casi del tamaño de una fotocopiadora, aunque mucho más pesada: una reclamación por eventuales inconvenientes con el Perú SAT-1 deberá seguir el tránsito de cualquier desavenencia comercial, con sus mismos costos, tiempos de espera y riesgos jurídicos.

Contrario a lo que anunció el gobierno, el primer satélite de nuestra historia no está revestido de un blindaje gubernamental francés. No hay un gramo de eso en sus 400 kilogramos de peso.

Las preguntas parecen obvias, pero quizá no lo sean. ¿Hasta dónde están dispuestas a llegar las autoridades?, ¿tienen la decisión de observar lo que deben usando una lupa y no un telescopio?

Una ironía justifica con creces la desconfianza: nuestro satélite, el primero con el que podemos mirarnos desde el espacio, nos costó casi 600 millones de soles. Aquello se oye como la distancia cósmica que hay entre el Perú y cualquier ideal de transparencia.

El pasado 26 de octubre, Carlos Rodríguez, general de la FAP, respondió interrogantes en el Congreso. Allí dijo que la Contraloría auditó dos veces el proceso de compra y que no encontró nada ilegal. "Sin embargo, Mariano González, actual ministro de Defensa, ha solicitado una revisión adicional para establecer la ejecución contractual".

Sobre la eliminación de la transferencia tecnológica, que es otro de los señalamientos que se le hacen al proceso de compra, Rodríguez señaló que la Conida recibió el proyecto de inversión pública aprobado y que se ejecutó tal cual. Con relación al acuerdo de gobierno a gobierno, el oficial insistió en que sí hay unas garantías por incumplimiento.

De todo lo dicho por Rodríguez, lo más inusual fue que "el lanzamiento ha costado más barato y por eso Francia ha devuelto 500,000 euros". Al parecer, el fabricante ha vendido seis satélites, pero solo ha construido tres similares al peruano. "En total, el sistema satelital ha costado 108 millones de euros, unos 124 millones de dólares.

El contrato es equivalente a 597 millones de soles, y los depósitos se han hecho a una cuenta pública y no a un banco privado en Francia".

"La Ley de Contrataciones del Estado establece que las compras secretas necesitan la opinión previa aprobatoria de la Contraloría. Dicha posibilidad de control parece haber sido incómoda al gobierno de Ollanta Humala, por eso idearon las compras de gobierno a gobierno, para eliminar este requisito. Con ello, el Ministerio de Defensa compró sin licitación ni supervisión alguna. Y para ello se valieron del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), que emitió una opinión a medida con la cual se creó un nuevo supuesto de inaplicación llamado de gobierno a gobierno, nunca antes contemplado en la ley. Es decir, antes del proceso de compra se habría producido un acuerdo entre el Ministerio de Defensa y el OSCE para burlar el mandato del artículo 76 de la Constitución que ordena que, salvo excepción establecida por ley, no por una opinión, toda compra con recursos públicos debe someterse a licitación."

Análisis por Mónica Yaya, exjefa del Tribunal OSCE.