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Congresista Quito presenta la cuarta denuncia constitucional contra Otárola
Pide la inhabilitación de 10 años del expremier. Esto, tras confirmarse que mantuvo una relación sentimental con Yaziré Pinedo, cuando él lo negó.
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Es la cuarta denuncia constitucional presentada en su contra. El congresista no agrupado Jaime Quito presentó hoy una denuncia constitucional contra el expremier Alberto Otárola. Esto, a menos de 24 horas de confirmarse su renuncia, y que mantuvo una relación sentimental con Yaziré Pinedo, pese a que él lo negó.
Esta nueva denuncia, al igual que las otras tres presentadas por las bancada de Perú Libre, Perú Bicentenario y el no agrupado Juan Burgos, pide la inhabilitación de 10 años de la función pública por haber vulnerado los artículos 39 y 126 de la Constitución. Además, pide que sea denunciado por el delito de corrupción.
Durante la mañana del martes, se recuerda, antes de la renuncia del premier Otárola, se presentaron tres denuncias constitucionales contra él.
Todas ellas piden su inhabilitación de 10 años de la función pública.
La primera fue enviada a la mesa de partes del Congreso por la vocera perulibrista Margot Palacios. Las otras dos, por el legislador Elías Varas, de Perú Bicentenario, y por el congresista Juan Burgos, actualmente del bloque de los no agrupados, tras la reciente disolución de su bancada Unidad y Diálogo.
La denuncia de Perú Libre señala que el premier habría infringido los artículos 123, 126 y 128 de la Carta Magna, y habría cometido los presuntos delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias.
La segunda denuncia, de Perú Bicentenario, es por haber infringido los artículos 1, 39 y 126 de la Constitución, e indica que sería por los presuntos delitos de tráfico de influencias, colusión y negociación incompatible en el ejercicio de su función.
La tercera, presentada por iniciativa de Burgos, es por haber vulnerado los artículos 2, 38 y 118 de la Constitución Política; y por la comisión de los delitos de concusión, colusión, patrocinio ilegal, peculado de uso, y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.
Las tres denuncias, como la de Quito, se recuerda, piden su inhabilitación de 10 años de la función pública, y serán vistas en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
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