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Congreso debate hoy denuncias constitucionales contra Vizcarra
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Desde las 9:00 a.m., la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República debatirá el informe de calificación que plantea tramitar las denuncias constitucionales presentadas por diversos congresistas en contra del expresidente Martín Vizcarra, la exministra de Salud, Pilar Mazzetti, y la excanciller Elizabeth Astete, por los hechos ocurridos en torno a su vacunación clandestina contra el COVID-19 con dosis de Sinopharm.
En total, son ocho denuncias constitucionales por juicio político presentadas por 17 legisladores en contra de los exfuncionarios, las mismas que fueron agrupadas como infracciones contra la Constitución Política del Perú, y que podrían resultar en la inhabilitación de los involucrados para ejercer cargos públicos hasta por 10 años.
Durante la sesión también se debatirá el informe por las denuncias de antejuicio político por los presuntos delitos de organización criminal, concusión, colusión agravada, peculado doloso, cohecho pasivo propio, negociación incompatible, tráfico de influencias y falsificación de documentos cometidos en el ejercicio de un cargo público.
Como adelantaos el último sábado, ambas investigaciones contra Vizcarra serán llevadas a cabo de forma paralela, a fin de evitar dilaciones en el proceso. El presidente de la subcomisión, Carlos Pérez Ochoa (Acción Popular), indicó que lo mismo sucederá con las exministras implicadas.
“Nosotros mañana (hoy) vamos a evaluar el informe de calificación sobre estas denuncias. Ahí debemos definir qué grupo de las denuncias se verán dentro del juicio político y cuáles suponen algún delito, para derivarlas al proceso por antejuicio”, explicó a Perú21.
Agregó que el objetivo de esta investigación es que el Pleno del Congreso apruebe las denuncias que podrían inhabilitar a los exfuncionarios y que la Fiscalía revise las denuncias por presuntos delitos cometidos mientras estos ejercían cargos públicos.
“Como ya hemos mencionado, nosotros esperamos que este proceso tome dos meses, tomando en cuenta que habrá audiencias y citación de testigos en el caso del antejuicio. La idea es que esto suba a instancias superiores”, indicó Pérez.
Agregó que en el caso de las investigaciones contra Astete y Mazzetti, se van a realizar de forma paralela para evitar retrasos que puedan obstaculizar el proceso.
“En realidad la investigación de ambas va a correr junto con las denuncias contra Vizcarra, porque en algunos casos los congresistas han presentado denuncias contra los tres”, manifestó el legislador.
En tanto, el abogado experto en derecho constitucional Luciano López recordó que el debido proceso establece que una vez aprobado el informe de la subcomisión, este pasará a la Comisión Permanente del Congreso y luego al Pleno.
“La distinción está en la votación ante el Pleno. En el caso del antejuicio la votación es por mayoría simple, en el caso del juicio político que busca la inhabilitación, la votación es por mayoría calificada y en ambos casos se separa a los miembros de la Comisión Permanente, ninguno de ellos puede votar en el Pleno”, refirió a este medio.
ORGANIZACIÓN CRIMINAL
Respecto de la investigación fiscal sobre el caso de las vacunaciones irregulares, el exfiscal Avelino Guillén dijo que se debería incorporar el tipo penal de organización criminal para los implicados.
“Esto le permitiría a la Fiscalía mayores herramientas legales para llevar a cabo una investigación más profunda y rápida. Agregar este tipo penal permitirá usar instrumentos procesales como el levantamiento del secreto de las comunicaciones, que hará viable una investigación con mayor eficacia”, aseguró.
Para el abogado existe “una evidente planificación y concertación en ciertos niveles de administración pública”, sobre todo al nivel del comité de negociación y adquisición de la vacuna.
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En tanto, mientras algunos exfuncionarios señalados en el caso prefieren guardar silencio, el equipo del exviceministro de Salud Pública, Luis Suárez, emitió un comunicado ayer, rechazando las críticas.
“Se ha generado una ola de odio irracional sobre nuestro equipo y familiares. Recibimos constantemente llamadas de odio y amenazantes. El daño moral es irreparable. Nuestra honra, imagen y buen nombre han sido destruidos. Así tratan al equipo humano de trayectoria impecable en la salud pública que dejo su cuarentena estricta para luchar contra la pandemia”, alegaron.
ENTREVISTA: Víctor García Toma, abogado y expresidente del Tribunal Constitucional
“Hay una obligación moral de no votar por quien no fue leal”
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La situación del número 1 al Congreso por Somos Perú, Martín Vizcarra, se complica cada vez más desde el destape de la vacunación clandestina que se practicó junto con su esposa Maribel Díaz y su hermano mayor, César Vizcarra. Para el expresidente del Tribunal Constitucional, Víctor García Toma, este hecho debería ser motivo suficiente para que, independientemente de las investigaciones en su contra, la población no lo elija como representante del pueblo en las elecciones del 11 de abril.
¿Considera que las denuncias en contra Vizcarra contarán con sustento suficiente para su inhabilitación?
No podemos negar lo evidente y lo real es que hay dos artículos de la Constitución que no han sido respetados por el señor Vizcarra. El primero es el artículo 39 que hace referencia a que los ciudadanos y sobre todo los funcionarios públicos, deben respetar la Constitución. El otro es el artículo 45, que establece que el Presidente como máxima autoridad del Estado, debe ejercer su cargo al servicio de la nación.
¿Es un agravante que vacunara también a su esposa y hermano?
Hay un claro aprovechamiento del cargo. Se ha generado una situación de estatus especial que no es justificable por la Constitución y en términos corrientes se grafica como “yo me salvo primero y los demás no importan”. Se ha condicionado a otros funcionarios públicos y privados a actuar de conformidad con la voluntad presidencial sin tomar en cuenta el bien común y se ha hecho uso aquí de un bien público.
Vizcarra mencionó, como parte de su justificación, que estas dosis no significaban un perjuicio al Estado.
En este caso las vacunas sí. En otra circunstancia no tendrían mayor relevancia pero hoy existe una emergencia entre la vida y la muerte. Vizcarra se aprovechó de esas circunstancias sin importarle su responsabilidad como jefe de Estado. Además, declaró que era un voluntario en pruebas científicas, lo cual no es cierto porque el doctor Málaga le facilitó vacunas no placebo.
De haberlo comunicado en su momento, ¿sería un acto constitucional?
La única persona del Perú que no podía participar en esa prueba era el presidente, siendo jefe de Estado debía mantenerse al margen de una investigación que aún no determinaba si las vacunas eran buenas o malas. Una decisión de este tipo requería de un acuerdo de Consejo de Ministros, pero no fue así. Está claro qué hubo una conducta contraria al correcto ejercicio del poder.
¿Qué pasará si el exmandatario es inhabilitado tras ser electo como legislador el abril?
El Jurado Nacional de Elecciones debe señalar quienes ocupan las 130 curules y otorgarles su credencial como candidatos electos. Sin embargo, existe una resolución legislativa dictada por el Congreso de la República para que la inhabilitación de ejercer cargos públicos surta efectos con prioridad. De esta manera, aunque sea elegido, quedaría impedido de asumir el cargo.
¿Qué tan probable es que esto suceda?
Independientemente de ese proceso, los peruanos no podemos caer en actitudes ingenuas, ya sabemos quién es el señor Vizcarra. Creo que la ciudadanía tiene la obligación moral de cancelar con su voto a quien no ha sabido ser leal y consecuente con la confianza que el pueblo le dio.
TENGA EN CUENTA
Mientras que el antejuicio político resulta en un proceso a cargo del Ministerio Público y la Corte Suprema, el juicio político podría conducir a una inhabilitación.La Fiscalía Provincial Anticorrupción tiene a su cargo la investigación para el resto de los implicados, entre funcionarios públicos del sector salud y de Relaciones Exteriores.La comisión del Congreso encargada de investigar vacunación irregular entrevistó a dos invitados ayer.“Todo apunta a que la vacunación paralela fue debidamente planificada con antelación”, indicó el exfiscal superior Avelino Guillén.“Estamos en sesión permanente, los detalles de lo que venimos trabajando son reservados”, dijo el presidente de comisión investigadora del caso vacunas, Otto Guibovich.“Es importante para nosotros que AstraZeneca pueda negociar con Perú con transparencia”, sostuvo la embajadora del Reino Unido en Perú, Kate Harrisson.En total, 487 personas entre altos funcionarios, médicos y personas del entorno cercano de estos, se vacunaron en secreto con dosis de Sinopharm.
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