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El 6% a Educación despierta otro debate entre Ejecutivo y Congreso
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Hace una semana, el Pleno del Congreso aprobó por mayoría una reforma constitucional que ordena al Estado invertir un 6% del Producto Bruto Interno (PBI) en Educación. Una medida que, a primera vista, es sin duda importante, pues un sector muchas veces olvidado y que requiere más atención del Gobierno sería beneficiado.
Sin embargo, al día siguiente de lo sucedido, lejos de celebrar, la ministra de Economía, María Antonieta Alva, expresó su rechazo a la medida aprobada con 115 votos a favor en el Legislativo. Por Twitter, Alva indicó que la norma no sería viable porque el Congreso, según la Constitución, no tiene iniciativa de gasto y, además, “carece de sustento técnico, tiene visos de inconstitucionalidad y afecta el presupuesto público en sistema de pandemia”.
ILEGALIDAD A LA VISTA
El abogado especializado en derecho constitucional económico Baldo Kresalja dijo a Perú21 que lo aprobado por el Congreso es inconstitucional porque va en contra del artículo 79° de la Carta Magna, que dispone que el Legislativo no tiene iniciativa de gasto.
“Se puede interpretar de esa manera. Y ello sería catastrófico para el Congreso porque nadie podría ejecutar la norma que emiten. Si legislar es para algo, es para que se cumpla y esta reforma no se puede cumplir”, aseveró el exministro de Justicia.
Una opinión distinta tiene el catedrático de la PUCP Juan Carlos Díaz, quien alega que la reforma no es ilegal. “Esta modificación es una reforma constitucional. Y, en estricto, no implica un gasto público ni existe la aprobación de mayores gastos previstos en el presupuesto”, expresó.
Asimismo, el letrado aseveró que establecer la asignación de un monto mínimo del 6% del PBI es acorde al punto 12 del Acuerdo Nacional. “Además, si uno compara con constituciones de otros países, existen las que establecen un porcentaje fijo a Educación”, aseveró el abogado.
Por su lado, el presidente de la Comisión de Constitución, Omar Chehade, sostiene que la reforma es constitucional porque la inversión “sale del mismo presupuesto general de la República. No se está agregando gastos, sino que se está reasignando del presupuesto un 6% al sector Educación”.
El dictamen que fue aprobado en el cuestionado debate en la madrugada del sábado, que pasó a reconsideración el domingo, y de nuevo fue aprobado por mayoría, no recoge opiniones de los ministerios de Economía ni de Educación, pese a que se requirió por oficio. Por no recoger opiniones de especialistas, tanto Kresalja y Díaz consideran que si es llevado al Tribunal Constitucional, podría ser declarado nulo.
Chehade manifestó a Perú21 que, pese a que se solicitó opiniones a los ministros, ellos no respondieron. Además, señaló que sí se contó con la participación de expertos en la materia.
CAMINO A LA NADA
Más allá de la discusión legal, la norma aprobada en el Congreso presenta otros problemas por no ser viable en su ejecución y efectividad.
“Primero porque el PBI es una cifra que resulta de una actividad que pasa por diversos acontecimientos. Algunos positivos y otros negativos, como la pandemia del COVID-19. Y segundo, porque durante los últimos años ha habido un incremento paulatino de asignación de presupuesto a Educación pero no ha sido suficiente para mejorarlo”, advierte Kresalja.
Al respecto, explica que por más que se disponga asignar un porcentaje fijo y alto del PBI a un sector, de nada servirá si no hay posibilidades humanas para cumplirlo.
En el mismo sentido declaró el economista de la Universidad del Pacífico Enrique Castellanos, quien sostiene que si bien la norma “como intención no es mala”, no cree que el sector Educación tiene capacidad de gestión para ejecutar un monto como lo aprobado por el Congreso.
“El tema es si es instrumentalmente pertinente pasar de invertir 3.7% (cifra invertida en Educación en 2018) a 6%. No es tan fácil. No solo es un tema de plata, sino de gestión que no tiene el Ministerio de Educación”, subrayó.
“Así se pudiera invertir lo que se quiera, el Ministerio de Educación tiene que hacer proyectos, implementarlos. Luego, no se puede subir el sueldo a los maestros sin ningún criterio ni construir colegios sin ningún plan estratégico, si no se exponen irregularidades”, aseveró.
Así como ocurrió con la reforma sobre inmunidad, tenemos esta norma aprobada el mismo día que también ha presentado cuestionamientos desde el Ejecutivo. Posiblemente será un nuevo tema de discusión entre los poderes.
DATOS:
- Esta reforma, que modifica el artículo 16 de la Constitución, está pendiente de ser ratificada en la segunda legislatura.
- Juan Carlos Díaz considera que lo conveniente hubiera sido establecer la inversión de un “incremento progresivo del PBI” en Educación según la disponibilidad de recursos.
- Baldo Kresalja advierte que la propuesta de asignar un porcentaje del PBI a Justicia que se debate en Constitución tiene las mismas falencias que el dictamen aprobado sobre Educación.
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