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Plantean incorporar nuevas causales para suspender o vacar del cargo a alcaldes y regidores

La bancada de Perú Libre, a iniciativa del congresista Roberto Kamiche, presentó un proyecto de ley que incorpora nuevas causales para suspender o vacar del cargo a alcaldes y regidores.

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Fecha Actualización
La bancada de Perú Libre, a iniciativa del congresista Roberto Kamiche, presentó un proyecto de ley que incorpora nuevas causales para suspender o vacar del cargo a alcaldes y regidores.
Se trata de la iniciativa legislativa 928/2021-CR, que propone modificar los artículos 20, 22 y 25 de la Ley Nro. 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
Entre las nuevas causales para suspender del cargo por falta grave a los burgomaestres, se plantea su aplicación en caso de no ejecutar los acuerdos del concejo municipal y no promulgar las ordenanzas y disponer su publicación.
La misma sanción se aplicará por incumplir la ejecución de acuerdos del concejo municipal y no publicar el reglamento interno del mismo.
En tanto, la vacancia del alcalde o regidor se ejecutará, previa declaración del concejo municipal, por no implementar las recomendaciones contenidas en los informes de Contraloría General de la República y/o del órgano de control institucional que haya constatado daños económicos a la entidad municipal.
En la exposición de motivos se refiere que en el caso de los gobiernos locales, relacionada con la incidencia de la corrupción, existe una inconducta funcional, vinculada a cómo los alcaldes ejercen sus atribuciones.
Esta inconducta está referida al incumplimiento de acuerdos de concejo municipal, principalmente de los relacionados a actos de fiscalización de los regidores y a la renuencia u omisión para implementar las recomendaciones de la Contraloría General de la República o de los Órganos de Control Institucional para iniciar los procesos civiles o penales que correspondan y resarcir los perjuicios económicos.
Finalmente, precisa que de aprobarse, tendrá un impacto positivo en la legislación nacional porque permitirá fortalecer la lucha anticorrupción en los gobiernos locales sancionando con suspensión o vacancia a quienes -utilizando artilugios legales- omiten actos de fiscalización para resarcir daños patrimoniales contra la entidad.
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