Daniel Soria: “El siguiente procurador general debe ser nombrado por la JNJ”

Los abogados y abogadas del Estado –llamados en el Perú procuradores– defienden los intereses del Estado peruano en sus tres niveles de gobierno: local, regional y nacional. El diseño estatal exige que existan procuradores para cada entidad pública. Todos ellos, sin excepción, tienen un mandato de defender los intereses de la institución y no a los funcionarios o servidores públicos de las entidades como personas naturales. Si estas personas se ven involucradas en un proceso, deben buscarse su propio abogado.

Los ministros ejecutan las políticas públicas y las funciones de su sector. Todos los servidores nos debemos a una institución y ejercemos un trabajo al servicio de la ciudadanía.

En 2020 no tuvimos recursos propios, recién llegaron a inicios de 2021, lo que nos ha permitido reclutar a los profesionales necesarios para todas las áreas. Hay logros; por ejemplo, tenemos una dirección de aplicación jurídico-procesal y otra de valoración y pericias. Esas direcciones están realizando desde el año pasado un trabajo arduo de apoyo y orientación jurídica a las procuradurías públicas del país. Ahora estamos concluyendo un plan de implementación para poder apoyar materialmente a las procuradurías que necesitan personal y conectividad.

En general ha sido una relación respetuosa del trabajo de la Procuraduría. Nosotros hemos ido avanzando en la construcción y consolidación institucional. Si miramos hacia febrero de 2020 y febrero de 2021, vamos a encontrar importantes cambios. Trabajábamos en una casona antigua en la avenida 28 de Julio (Miraflores). Ahora tenemos 150 profesionales laborando.

Los ministros de Justicia han respetado nuestro trabajo. Nos han apoyado inicialmente con los recursos del antiguo Consejo de Defensa Jurídica del Estado. También hemos recibido apoyo de los funcionarios del Ministerio de Economía para tener a mano los recursos y poderlos ejecutar.

Soy consciente del contexto que se está dando. La Procuraduría ha venido trabajando de acuerdo con los planes establecidos. El procurador general del Estado puede denunciar a los altos funcionarios. Trabajamos de manera coordinada con las otras procuradurías del sistema para pedir información y llegar a una conclusión. Dada la autonomía que tenemos, hacemos análisis y tomamos decisiones. Las acciones que ya son conocidas (denuncia a Pedro Castillo) son única y exclusiva consecuencia del trabajo que nos corresponde de acuerdo con la ley. En estos casos penales hay personas que están siendo investigadas en fiscalías provinciales y allí está actuando el procurador anticorrupción y su equipo. Como estas personas están vinculadas con altos funcionarios, nosotros coordinamos con la Procuraduría Anticorrupción. Actuamos como sistema y nada de lo que hemos hecho es ajeno al trabajo técnico, jurídico que nos corresponde.

No hay nada personal contra ninguna persona que eventualmente pueda estar involucrada en una investigación. Hacemos un análisis de los casos, y ese análisis se tiene que hacer bien, porque –imagine– un abogado que actúa de manera impulsiva y no hace un análisis previo siempre termina perdiendo los casos.

No, si se pudiera regresar en el tiempo sabiendo las consecuencias, la respuesta clara es no. Si hay duda por las consecuencias, uno tiene que evaluar si quiere este trabajo o no. Una denuncia contra un alto funcionario es un tema serio. Soy un profesional que trabaja en equipo y tengo determinadas acciones que realizar y esto no necesariamente debe tener un reflejo mediático. A la ciudadanía se le rinde cuentas ante los medios cuando hay cosas concretas.

El requisito exactamente dice ‘trayectoria en la defensa jurídica del Estado’ y eso no se puede interpretar de manera restrictiva en el sentido de que equivale a haber sido procurador. Hay instituciones que –por diversos motivos– no tienen una Procuraduría, pero tienen abogados que la defienden. Por ejemplo, Indecopi no tiene Procuraduría, pero los abogados de su oficina de asesoría jurídica se encargan de litigar y hacen defensa jurídica del Estado por Indecopi. Si nosotros estuviéramos a favor de esa interpretación restrictiva, llegaríamos a la conclusión de que ninguno de esos abogados hace defensa del Estado porque no son procuradores.

Mi experiencia previa –que ya fue presentada cuando fui designado en 2020– es de casi cinco años de trabajo en la Defensoría del Pueblo en la época del primer defensor Jorge Santisteban de Noriega y en parte en la gestión de Walter Albán. Fui abogado en la adjuntía especializada en asuntos constitucionales, encargada de apoyar al defensor del Pueblo en una función de ejercicio en procesos judiciales como demandas de inconstitucionalidad, de acción popular, hábeas corpus y hábeas data que tiene que presentar el defensor. La defensa jurídica del Estado no se puede entender como equivalente a haber sido procurador.

Ese requisito fue acreditado en su momento. Además, hay un tema bastante delicado; se está hablando de una nulidad en la resolución de nombramiento. Si hay una nulidad –desde el punto vista jurídico–, implica un vicio de origen en la resolución. Esto podría entenderse que mis actos como procurador serán nulos. Las designaciones de nuevos procuradores serán nulas y así otras decisiones. Hay que tener mucho cuidado con las consecuencias hacia la institución. Esta es nueva y no se puede dar el lujo de empezar de cero.

Esa afirmación es falsa. A la diligencia en que declaró el presidente como testigo asistió el fiscal adjunto supremo Ramiro González y hubo otras personas. En este tipo de declaraciones la Fiscalía pregunta primero y luego la Procuraduría. Es muy común que algunas preguntas se repitan; es por eso que los procuradores borramos o reformulamos las preguntas. Estaba conversando con mi colega y en un momento determinado el señor presidente le pide al fiscal que me llame la atención porque él entendió que yo me estaba burlando de sus respuestas, pero no era así. El fiscal consideró que eso no había pasado.

El abogado del presidente pidió que quede en acta la conducta que supuestamente yo había realizado, pero el fiscal se negó porque consideró que eso no había sucedido. Tengo una clara conciencia de las cosas que hago como profesional, pero también de las cosas que hago como persona. A mí me queda claro que, a pesar de ser una declaración de testigo, hay que tratarlo con respeto porque es una persona y es el presidente de la República.

No puedo saber cuál es el motivo de estos actos. Ese cuestionamiento ya fue explicado en su momento y luego hemos seguido trabajando. No podemos paralizar los planes que tenemos. Hay un segundo proceso de selección de procuradores que está en curso y tenemos otro después. Nuestro trabajo no se reduce a participar en investigaciones de altos funcionarios. Esa es una labor importante, pero no es la única.

Hemos presentado en diciembre un proyecto de ley –aprobado por el consejo directivo de la PGE– que consiste en modificar nuestra norma para que el procurador general del Estado sea nombrado por concurso público por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y también pueda ser removido por esta. Queremos que esto sea así y que sea aprobado lo más pronto posible. Si esto se aprueba este año en el Congreso, mi mandato se reduciría, pero este sería un legado que puedo dar a la institución. El siguiente procurador general debe ser nombrado meritocráticamente por la JNJ.

Ser el primer procurador general del Estado genera una responsabilidad muy grande respecto a la institución que debe estar protegida y constituida. Nadie es indispensable en un cargo. Es un servicio temporal al país.

Creo que un cambio en la titularidad de la Procuraduría General del Estado debería darse por un concurso público en la JNJ. Si ese procedimiento se implementa, habrá un nuevo procurador y yo gustoso le haré la entrega del cargo.