En el Perú, el financiamiento de partidos se divide básicamente en tres. El estatal, el privado y el ilegal. El primero se ha burocratizado. Aplica solo a los que tienen representación en el Congreso, lo que promueve la argolla parlamentaria que vivimos. Allí el Estado interviene arbitrariamente, politizando desde cómo eligen sus comités hasta cómo desarrollan sus elecciones internas. El segundo, en la práctica, se ha prohibido. A partir del caso Lava Jato, los montos que puede aportar la empresa privada se han limitado considerablemente. Y con el caso Cocteles en vitrina, más de un empresario la pensará cien veces antes.
La tercera fuente de ingreso de un partido político es el financiamiento ilegal. Nadie lo controla y es muy difícil de detectar.
Somos muy valientes para fiscalizar a la empresa privada, pero totalmente cobardes cuando el dinero negro financia candidatos. Los fiscales peruanos buscan ‘organizaciones criminales’ y ‘lavado de activos’ solo en el financiamiento privado. Nuestra justicia es implacable con los pocos empresarios que se atreven a meterse en política. Los empapelan, los paran de cabeza y los hacen desfilar. ¿Cuándo harán eso con la pesca negra que financia congresistas? ¿Hace cuántos años que no cae un capo peruano? ¿Para cuándo un megajuicio a los mineros ilegales que ponen candidatos? Se sabe quiénes son.
Con la elección de Eduardo Salhuana como presidente del Congreso y el caso Cocteles como telón de fondo, el mensaje para los candidatos a 2026 es bastante claro.
