En el Pleno que vio por última vez este dictamen —hace casi cuatro meses ya— se decidió que el texto sustitutorio del proyecto que busca que los condenados por terrorismo, asesinato y otros delitos graves no puedan postular a cargos de elección popular vuelva a la Comisión de Constitución, que por ese entonces presidía Martha Moyano.
Precisamente, la nueva propuesta de la fujimorista hizo que se frustre una posible votación. El planteamiento de Moyano excluía el delito de homicidio calificado, por el que fue sentenciado el recientemente fallecido expresidente Alberto Fujimori, aunque evitaría que Antauro Humala, condenado por homicidio y rebelión pueda postular. Las bancadas de izquierda cuestionaron el nuevo texto.
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Cuatro meses después, el proyecto sigue acumulando polvo, mientras las elecciones se acercan y los asesinos y corruptos tienen el camino libre para postular.
El debate para lograr que el dictamen se convierta en ley no tiene cuándo reactivarse. Fernando Rospigliosi, el nuevo presidente de Constitución, señaló que el principal problema son los votos y que propiciarán el consenso entre las bancadas.
“Ese es un tema que hay que conversar. Estamos intentando retomar el debate. Ya no es cuestión de más discusiones, ahora se trata de conseguir determinados consensos y de cómo se pronuncien las bancadas para retomar el debate y la votación en el Pleno”, explicó a Perú21 el legislador de Fuerza Popular, que recordó que su bancada votó a favor del nuevo texto sustitutorio, aunque no se logró alcanzar los 87 votos requeridos.
Días atrás, su compañera de bancada Patricia Juárez, también primera vicepresidenta del Congreso, consideró importante que el tema se vuelva a debatir y que pueda convertirse en ley antes de los plazos establecidos para los comicios.
Es primordial que el dictamen se apruebe en esta legislatura. Existe el riesgo de que no pueda aplicarse en las próximas elecciones, pues al ser una ley de reforma constitucional, necesita aprobarse en dos legislaturas con 87 votos como mínimo. Para que entre en vigencia debe ser aprobada antes de abril de 2025.
Mientras, el próximo 14 de octubre, la Corte Suprema analizará la ilegalidad de la agrupación política A.N.T.A.U.R.O., que pretende postular a la presidencia a Antaro Humala, condenado por asesinar a dos policías. Pese a esto, nada le impide por ahora ser candidato presidencial.
UNA LEY RAZONABLE
“La Constitución permite poner limitaciones al derecho de elegir”, explica el constitucionalista Aníbal Quiroga, quien ya antes se mostró a favor de que se impida la postulación de condenados por delitos graves.
“Mientras la disposición de la ley sea razonable, eso es perfectamente constitucional, es parte del arbitrio del legislador; es el legislador el que decide si postulan o no los violadores, los secuestradores, o aquellos que han sido condenados a una pena grave o una pena cualquiera”, indicó el especialista a este diario.
En ese sentido, a Quiroga le parece razonable que la ley diga que quien ha sido condenado por delitos graves esté impedido de participar. “Estos condenados están rehabilitados para muchas cosas, pero no para tener cargos públicos. Después cuando tengas un congresista con antecedentes por violación, extorsión o sicariato, no te quejes”, dijo.
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