Detectan irregularidades en la selección de beneficiarios de Pensión 65

Pese a que tienen propiedades y hasta negocios, inescrupulosos se aprovechan del programa social bandera del Gobierno para cobrar la subvención mensual de S/.125 en perjuicio de otros adultos mayores que viven en extrema pobreza.

Redacción PERÚ21

Fecha Actualización

22/08/2019 - 04:17

Pensión 65, el programa social bandera del actual Gobierno y que está dirigido a los adultos mayores, es manejado sin un adecuado control en el interior del país, a casi un año de su lanzamiento. Algunos inescrupulosos lograron inscribirse en la lista de beneficiarios sin ser "pobres extremos", perjudicando a aquellos que realmente necesitan una ayuda económica.

Un informe de Cuarto Poder reveló que ancianos que son dueños de parcelas, de negocios, de casas de material noble y que disfrutan de varias comodidades reciben la subvención mensual de S/.125.

En el distrito de Supe, en la provincia limeña de Barranca, 284 adultos mayores se benefician con Pensión 65. Sin embargo, solo el 5% de ellos vive en extrema pobreza en comparación de los 'suertudos', quienes reciben la pensión gubernamental gracias a la calificación de la municipalidad de dicha ciudad, que es la encargada de elaborar la relación de favorecidos mediante sus unidades de focalización de hogares.

El programa periodístico mencionó el caso de Héctor Calderón Trujillo, suegro de David Nishijima, alcalde de Supe. Este 'beneficiario' vive en una casa de dos pisos, hecha de material noble y con acabados de mayólica. También figura Teófanes Saldaña, padre del regidor de Supe Omar Saldaña, además de los progenitores de Mario García, jefe de Abastecimiento del municipio de esa localidad.

Consultados al respecto, los funcionarios de Pensión 65 sostienen que no son responsables de lo que sucede en Supe y que su labor se limita a desembolsar el dinero del Estado en base a la información que les entrega el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh).

Sin embargo, anunciaron que alistan denuncias penales contra quienes cobran este subsidio en perjuicio de los que realmente viven en la precariedad absoluta.

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