Diego Macera: “El Perú no puede parecer el Viejo Oeste” [Entrevista]

Por Patricia Quispe y Isaac Vásquez

Desde hace tres años, Diego Macera se desempeña como gerente del Instituto Peruano de Economía (IPE). Su visión sobre el tratamiento del conflicto social de Las Bambas es crítica y –en entrevista con Perú21– califica de “inaceptable” que, a pesar de una sucesión de alertas, el Gobierno y otros actores hayan permitido que se llegue a esta situación.

¿Cómo evalúa el manejo del Gobierno del conflicto en Las Bambas?
Este no es un conflicto que empieza con el premier Salvador del Solar y tampoco se gesta en febrero, cuando empieza el paro, sino cuando se declara en emergencia la localidad, el año pasado. Ha habido una reacción tardía, no solo del Ministerio de Transportes, que compete directamente al Ejecutivo. También hay responsabilidad del gobierno regional, de los gobiernos locales, de congresistas de la zona y también del sector justicia, porque las personas sindicadas de cometer actos delictivos ya tienen larga historia de seguimiento de la Fiscalía, del Poder Judicial. Que se haya llegado a este punto con todos estos avisos es lamentable y habla mucho de cuánto tenemos que aprender todavía del manejo de esos temas para que no lleguen al punto en que estamos ahorita; (…) es inaceptable tener un solo día de bloqueo en estas condiciones.

¿Qué falló? ¿Hubo falta de estrategia, de comunicación? Tampoco, aparentemente, ha habido un trabajo eficaz de Inteligencia.
Hay que acostumbrarnos a diferenciar el tema de la comunicación y de las expectativas –que pueden ser legítimas y de carácter social, medioambiental– de las personas que entran en temas criminales de extorsión y chantaje. Hay un canal donde hay espacio para el diálogo y la negociación y otra frecuencia donde la ley y el Estado de Derecho tienen que imperar. Manejar cada conflicto con la misma fórmula no es lo más idóneo porque todos los conflictos no son iguales. En el caso de Las Bambas, no es una protesta medioambiental sino de pretensión económica –yo creo injustificada– que da pie a una paralización que le va a costar mucho al país.

Se le ha pedido al Gobierno que ponga orden, que haga sentir su autoridad, ¿cómo lograrlo en un clima de intransigencia de parte de algunos dirigentes?
Todo el mundo quiere una salida pacífica y es lo que se tiene que buscar, eso está claro. Hay cierto nivel de intransigencia en el diálogo de algunos dirigentes que piden cuestiones que están fuera del marco legal. (…) Condicionar el pedido de diálogo a la liberación de tal o cual persona crea un entrampamiento del que será complicado salir. En la parte de expectativas económicas se está llegando a un punto medio, se puede llegar a un entendimiento. Lo que genera hoy el entrampamiento es la falta de diferenciación entre lo que compete al Ejecutivo o al privado y el sector justicia.

¿Qué tan cerca estamos de llegar a una etapa crítica en la que se termine frenando la producción de cobre?
Sé que no es una paralización de 100 a cero. Hay un plan progresivo de paralización de la mina en función a dos temas. Por un lado tienes la presión del almacenamiento de los concentrados: has tenido que habilitar lugares de almacenamiento temporales que ya están llegando a su límite, ya no tienes dónde almacenar, ese es un nivel de presión; y el otro es que desde hace un tiempo tienes los accesos cerrados a la mina y eso te limita a acceder a combustibles, explosivos e intercambio de personal (…). En la medida que ya no tengas los recursos y personal mínimo para seguir trabajando, vas a ir frenando poco a poco. Respecto al impacto en el PBI, mientras la producción no se pare, el impacto económico todavía va a ser acotado porque lo que tú produzcas hoy quizás no puedas venderlo hoy, pero vas a venderlo eventualmente (…). Sin embargo, sí ha habido impactos directos. Aquí estoy pensando en regalías. Normalmente entran como US$8 millones a la región, pero en una eventual paralización de las ventas, eso se convierte en cero y probablemente va a estar mucho más cerca de cero que a US$8 millones en abril.

Para este año se esperaba una recuperación de la producción de cobre, ¿esto puede suponer un impasse para que se cumplan esas expectativas?
Esto todavía no ha llegado al punto crítico, pero en la medida que no se resuelva, sí puede tener un impacto serio sobre el nivel de inversiones, producción (minera) y el PBI.

¿Existen otros proyectos en los que podría evitarse una situación como la de Las Bambas si se realiza una gestión adecuada?
En la misma región hay proyectos súper importantes. Tienes Cotabambas, Haquira, Chancas. (...) Mi idea es que Apurímac se vea más como Moquegua en un mediano plazo y menos como Cajamarca. Es decir, un departamento que supo aprovechar su riqueza mineral para invertirla en mejoras de la calidad de vida de la población. Los proyectos y el cobre están ahí. El problema es que el Perú no puede seguir pareciendo el Viejo Oeste, a pesar de que a veces se vea así (…). Tenemos este tema en Apurímac y, en realidad, quizás el tema más emblemático sea Tía María. Esto de que haya demorado tanto la licencia de construcción, a pesar de haber tenido todos los vistos, manda una señal negativa. Entre otros grandes tienes a Michiquillay.

¿Sacar Tía María o Michiquillay este año sería un buen primer paso?
Michiquillay probablemente vaya a demorar, pero Tía María podría estar construyéndose hoy justamente por un manejo social que ha mejorado bastante, pero sobre el cual el Gobierno aún no se ha animado a dar la aprobación. Están demorándose innecesariamente y transmitiendo un mal mensaje al inversionista.

En el caso de Las Bambas, pareciera que se dejó solas a las comunidades…
Ha habido un acompañamiento, entiendo, de instituciones internacionales en el gobierno regional y en los gobiernos locales, pero también mucho recambio de autoridades y gestores que impiden que haya continuidad en la política.

Se permitió que sectores extremistas se infiltren o se acerquen a la población para azuzarla. Es el caso de Edwar Quiroga, operador islamista vinculado al Movadef.
La región recibe S/250 millones al año en regalías, no es poca plata. Si, en general, eso se usara como corresponde, la sensación de cercanía hacia la actividad minera sería mucho más fuerte. ¿Quién está asegurando que este dinero, que cuando entre el canon será mucho más, se está usando como se debe? Hay una agenda pendiente de fortalecimiento institucional enorme. ¿Cómo se traduce esta mejora en la calidad de vida? Ha mejorado, pero se debería haber hecho muchísimo más con esa plata.

¿Quién tendría que tomar la batuta para llevar a cabo un desarrollo planificado de la zona?
Hay responsabilidad ineludible del gobierno regional, pero también del Ejecutivo y del Legislativo que tiene una tarea pendiente en la manera como se administra y usa el canon.

El 9 de abril, el diálogo, entre comillas, se traslada a Lima, y digo entre comillas porque no participarán los comuneros de Challhuahuacho sino de zonas periféricas. ¿Qué debemos esperar?
Todo diálogo es bienvenido. El punto medular es conversar con las personas que están acatando la medida de fuerza. Ahí regresamos a la situación de intransigencia que escapa de las manos del Ejecutivo, que es la demanda por la liberación de los abogados involucrados; (…) los audios han salido y ahí no hay mucha posibilidad de diálogo posible…

¿Pero qué tendría que hacer el Gobierno? Estamos empantanados en la búsqueda de una solución, pero ellos no quieren el diálogo…
No soy quién para darle consejos al Gobierno de cómo arreglar esto, de hecho si fuera fácil, ya todos lo hubiéramos arreglado. Hay un espacio para conversar sobre anchos de la vía, eventuales asfaltados, pero todo dentro de un marco legal general y, sobre todo, sin crear un mal precedente. Eso es muy importante porque no se puede permitir que esta medida de fuerza sea, para ciertos grupos, un modo regular de conseguir financiamiento. Si hay una cesión demasiado generosa del Gobierno o la mina, ¿qué le impide al siguiente grupo organizado hacer lo mismo en otra parte del corredor o en otra vía? La manera de resolver el conflicto de Las Bambas va a cimentar el mensaje de cómo se van a manejar estos conflictos sociales.

¿El ingreso a la fuerza al Lote 95 es un ejemplo donde también hace falta tomar acciones?
Es parte de la misma historia del Perú siendo el Viejo Oeste, en el sentido de que tienes una población a la que los servicios básicos no le han llegado por años y a la vez tienes demandas (de los ciudadanos) que son difíciles que sean cumplidas en el marco legal. Esto se termina manejando dentro de un clima de diálogo, la mayor parte de las veces, y termina teniendo una salida pacífica adecuada, pero a veces no, y no podemos seguir exponiendo a la población y a las fuerzas del orden a este mal manejo de un conflicto social.

Ceder con Las Bambas, tal como se hizo con el Oleoducto Norperuano, ¿podría consolidar una actitud que algunos actores interesados podrían aprovechar?
Creo que el Gobierno ha cedido en más de una instancia en la que quizás valía la pena estar un poco más firme. El que se menciona es un caso (solucionar el conflicto por el Oleoducto Norperuano), el tema de los transportistas es otro y de hecho no es de esta administración del presidente Vizcarra, se arrastra de la del presidente Kuczynski. (…) La administración de Salvador del Solar acaba de entrar y ellos han agarrado este conflicto ya largamente iniciado. Vamos a ver cómo lo manejan.

¿Puede el Gobierno volver a tener suficiente capital político para evaluar una reforma laboral en esta gestión?
Creo que sí hay un espacio en el Ejecutivo para hacer las reformas. Se ve quizás un interés más claro desde el MEF para liderar este impulso y no se puede hacer (una reforma) sin el Ministerio de Trabajo. Y más importante aún, no se puede hacer sin el Congreso. Entiendo que hay interés y un movimiento dentro de Fuerza Popular para presentar algunos proyectos de ley, como el de Miki Torres, que tratan de desvincular el aporte previsional de un empleo formal dependiente para hacerlo a través de lGV. Si es una mejor alternativa o no, podemos conversarlo, pero sí es necesario que desde el Congreso se tome conciencia de que un modelo que excluye al 70% o más de la población de cualquier protección legal es un modelo disfuncional.

¿Tanto la reforma previsional y la laboral deberían verse juntas?
Sí, es un paquete que se pensó desde la Comisión de Protección Social de Alfredo Thorne, que es un paquete laboral, previsional y con Essalud. Más allá de si me gusta la medida de la AFP pública, el aporte de pensiones a través del IGV, hay un montón de opciones para explorar. Ahí debería estar el debate porque en lo que terminamos quedándonos siempre es en estas normas para el 20% de la población.