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Dina Boluarte cometió 14 omisiones en declaración jurada
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“El pez por la boca muere” es una expresión que se ajusta bien a la situación que atraviesa la vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, quien cometió 14 omisiones en su Declaración Jurada de Intereses (DJI), según la Contraloría General de la República (CGR). El ente de control halló que no solo ocultó información obligatoria relacionada a sus familiares, sino también sobre sus actividades extraoficiales como representante de una asociación privada.
La Ley de Contrataciones del Estado prohíbe contratar a parientes de altos funcionarios y titulares del Ejecutivo “hasta el segundo grado de consanguinidad”. En agosto de 2021, el hermano de Boluarte, Wigberto Boluarte Zegarra, fue contratado como asesor principal en la Municipalidad de Pueblo Libre, lo cual no fue consignado por Dina en su DJI.
“(Boluarte) indicó que solo era abogado independiente; sin embargo, se advirtió que su hermano fue contratado mediante la Resolución de Alcaldía N° 266-2021-MPL. Asimismo, en el portal de transparencia de la MPL se advirtieron los pagos efectuados a su favor desde agosto a diciembre de 2021", aclaró la CGR.
El organismo observó que, en simultáneo, Enrique Vílchez, que anteriormente tuvo el puesto de asesor en la comuna, empezó a laborar como secretario general del Midis. ¿Intercambio de favores? Eso aún no lo ha explicado Boluarte.
Como todo queda en familia, ese mismo año, su cuñado Alfredo Pezo Paredes contrató con el Estado como docente en la Escuela Nacional de Control (ENC) de la Contraloría General de la República (CGR) por S/7,360; y el 8 de noviembre el Minsa contrató a la empresa Grupo Peruano Suiza SAC, cuyo gerente general es su sobrino Jorge Gamarra Boluarte, para brindar exámenes de tomografías al Hospital Regional del Cusco por S/170 mil.
Sobre estos dos últimos casos, la vicepresidenta omitió consignar el parentesco en su DJI. Un reporte de fiscalización de la CGR detalló que tampoco consignó datos de otros ocho familiares en segundo grado de afinidad. Hasta aquí ya iban 11 omisiones.
El club de la vice
A fines de mayo, un último informe de la Contraloría, al que tuvo acceso Perú21, reveló que la vicepresidenta omitió –nuevamente en su declaración jurada– consignar tres datos. Primero, que era presidenta del Consejo Directivo del Club Departamental Apurímac, infringiendo el artículo 126 de la Constitución que prohíbe a los ministros ejercer otra función, salvo la legislativa. La funcionaria fue elegida presidenta del Consejo Directivo de la asociación del 16 de febrero de 2017 al 15 de febrero de 2019. Luego resultó reelegida del 16 de febrero de 2019 al 15 de febrero de 2022. El 15 de febrero de 2022 se le extendió el periodo hasta 2024, pese a que ya formaba parte del Ejecutivo.
Además, después de asumir la vicepresidencia del Perú, seguía ejerciendo como segunda vicepresidenta del Consejo Directivo de la Asociación de Clubes Departamentales del Perú. La omisión número 14 fue descubrir que el 8 de mayo fue promovida a primera vicepresidenta de dicho consejo para el periodo 2021-2023, pese a la prohibición constitucional.
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Tras ser notificada el 10 de marzo, Boluarte respondió a la Contraloría que “los cargos directivos a los que se hace referencia corresponden a clubes departamentales, vale decir, personas jurídicas sin fines de lucro (...). En el cargo de presidenta del Club Departamental Apurímac, se debe aclarar que no percibo remuneración ni bonificación”.
Sin embargo, el organismo de control le recordó que consignar dicha información en su DJI era obligatorio ya sea para “cargos en cualquier consejo o cuerpo colegiado, sea remunerado o no, en los últimos cinco años”.
La titular del Midis dijo también que, como presidenta de la asociación privada, firmó oficios “solo para trámites de subsanación registral” ante la Sunarp. No obstante, Epicentro TV mostró documentos de abril de este año en los que Boluarte solicitaba licencias de funcionamiento para salones del local ante la Municipalidad de Metropolitana de Lima.
El último viernes, Perú21 llegó hasta la sede del club en la Av. Brasil en Jesús María. A la fuerza, nos obligaron a retirarnos de las instalaciones y se negaron a responder sobre el rol de Boluarte en la asociación. “La señora (Dina) hará las aclaraciones”, refirió una trabajadora que parecía aún reconocerle autoridad y reverencia. Ahora tendrá que responder en el Congreso. Primero por las tres acusaciones constitucionales en su contra que podrían inhabilitarla para cualquier cargo público hasta por 10 años; y luego por la interpelación que impulsan varias bancadas.
Sabía que
Norma Yarrow amplió la denuncia contra la ministra por los supuestos delitos de abuso de autoridad, negociación incompatible y omisión de actos funcionales, y por una presunta infracción a tres artículos de la Constitución.El exalcalde de Lima Jorge Muñoz aseguró que existen documentos en la MML que demuestran que, en octubre de 2021 y abril de este año, Boluarte firmó documentos como presidenta del club.“A pesar de que pidió licencia, siguió firmando documentos y no solo ante la Sunarp”, dijo el abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi.
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