Subcomisión de Acusaciones Constitucionales archiva denuncia contra de Dina Boluarte por muertos en protestas

Grupo de trabajo que preside Lady Camones rechazó, por amplia mayoría, la denuncia constitucional contra la mandataria y exministros.

Redacción PERÚ21

Fecha Actualización

06/05/2023 - 09:10

En medio de la confrontación política desatada por el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso aprobó, por amplia mayoría, declarar improcedente la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte, su expremier Pedro Angulo y los extitulares de Defensa y del Interior, Alberto Otárola y César Cervantes, respectivamente, que los responsabilizaba por los muertos y heridos en las protestas registradas tras el autogolpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022.

La decisión generó el rechazo de los representantes de los bloques de izquierda quienes, para defender la medida, pusieron sobre la mesa de discusión los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de Human Rights Watch. Incluso, el congresista Edgard Reymundo, de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, pidió que el informe elaborado por la Secretaría Técnica de la SAC —que declaraba improcedente la denuncia— retorne a dicha instancia para que sea reevaluado e incorpore en sus conclusiones los alcances del documento de la CIDH. La propuesta, empero, fue ampliamente rechazada.

En declaraciones a Perú21TV, el analista político César Campos comentó que la decisión era previsible debido al carácter político de la denuncia y la carencia de pruebas. “No porque a uno le da la gana presenta una acusación constitucional, suponiendo que Boluarte y los exministros habrían ordenado que las Fuerzas Armadas y la Policía repriman violentamente a los manifestantes. Eso no tiene ningún asidero y la mayoría ha determinado con acierto que no debe prosperar”, indicó.

Maurate vs. Otárola

Campos también se pronunció sobre el entredicho entre el premier Alberto Otárola y el titular de Justicia, Daniel Maurate, precisamente por la posición de este último de respaldo al informe de la CIDH. En ese contexto, dijo que el incidente esclarece el rol de este último en el gabinete a donde —indicó— habría llegado de la mano de Nicanor Boluarte, hermano de la mandataria, y no de Otárola.

“Lo que ha dicho (Maurate) es un desafío a la autoridad del primer ministro y en los próximos días tendremos que ver una dilucidación: si se queda Maurate o se queda Otárola”, subrayó.

Sabía que

El Pleno del Congreso aprobó en enero formar una comisión investigadora multipartidaria que determine las presuntas responsabilidades penales y políticas por la supuesta vulneración de los derechos humanos en las protestas.

Pese al tiempo transcurrido, el referido grupo de trabajo —que tenía 90 días para investigar— no se ha instalado aún.

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