Édgar Alarcón exige su reposición a la Contraloría e indemnización de casi S/4 millones

En demanda ante juzgado laboral, aduce que Contraloría lo despidió arbitrariamente provocándole "daño moral".

Fecha Actualización

23/08/2019 - 19:39

En julio pasado, Édgar Alarcón Tejada fue removido por el Congreso del cargo de contralor general de la República por falta grave. Reasumió la gerencia central de Operaciones en la entidad pero días después fue despedido debido a que perdió el carácter de funcionario de confianza.

Hoy, más de seis meses después, Édgar Alarcón Tejada ha presentado una demanda ante el 9º Juzgado Especializado de Trabajo Permanente, reclamando no solo su reposición en la entidad que jefatura Nelson Shack, sino también el pago de aproximadamente 4 millones de soles como “indemnización por despido arbitrario y daño moral”, según documentación a la que tuvo acceso Perú21.

En su demanda –que ya ha sido admitida en la vía del proceso ordinario laboral–, Alarcón arguye que la Contraloría no respetó su “condición de trabajador a plazo indeterminado sujeto al régimen laboral de la actividad privada” y pide que se le indemnice “por despido arbitrario” con un monto de S/ 398,220. Asimismo, sostiene se le ha provocado “daño moral”, razón por la cual exige una reparación de 3 millones 517 mil 610 soles.

Por ambos conceptos, en total, el ex contralor demanda 3 millones 915 mil 830, además del pago de los honorarios de su abogado, una indemnización por lucro cesante y otra “por daños punitivos equivalente a las aportaciones que el demandante hubiera abonado al Sistema Privado de Pensiones”.

Faltas graves

Alarcón fue removido del cargo por faltas graves. Entre ellas realizar actividades lucrativas en la compra de automóviles en paralelo a su labor como contralor y el presunto pago irregular de una liquidación a una ex trabajadora de la institución que fue su pareja sentimental.

Actualmente, el ex contralor es investigado por el Ministerio Público por presunto delito de peculado doloso en agravio del Estado.

Ello debido a que habría autorizado en forma irregular un total de 121 acuerdos de rescisión de contrato de trabajo y los respectivos pagos sin contar con el visto bueno del Ministerio de Economía y Finanzas y tampoco un informe legal.

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