Eduardo Vega Luna: "Me da pena que políticos nieguen lo evidente"

La cultura de integridad no está interiorizada en los peruanos. Lo vemos de manifiesto claramente cuando enumeramos a los principales líderes políticos del país involucrados con la corrupción del caso Lava Jato, sobre todo tras las últimas declaraciones de Jorge Barata. Eduardo Vega, quien fuera presidente de la Comisión Presidencial de Integridad, que creó este gobierno después del sonado caso de su ex asesor Carlos Moreno, ensaya soluciones a este problema previo análisis de la coyuntura.

Barata apuntó a todos los ex presidentes y líderes políticos. ¿La corrupción ha infectado a toda la clase política?
Se confirma la tragedia del Perú de que toda nuestra clase política, sin excepción, ha estado comprometida con este financiamiento ilícito de las campañas electorales, que no tiene otra explicación que buscar luego un compromiso para que haya prebendas en la ejecución del gobierno. Lo otro que me da pena es que ninguno acepte esto y haga un mea culpa para, a partir de allí, poder construir una nueva forma de hacer política. La primera reacción de la clase política es negar esto cuando queda claro que es muy evidente lo que ocurrió en las últimas elecciones.

No lo aceptan porque, de hacerlo, se les podría complicar aún más el panorama legal.
Yo distinguiría esos dos puntos. Creo que, en el plano político, es muy evidente el asunto como para negarlo; en el plano jurídico, todavía se puede trabajar más. Hay posturas que sostienen que en el Perú no está penado el financiamiento de campañas políticas. De hecho, los políticos están defendiéndose en la estrategia penal por temor a un eventual procesamiento, pero creo que a ellos les corresponde también reaccionar en el plano político. Me da pena que se niegue lo evidente y no haya un cambio.

Usted es abogado, ¿qué opina de la tesis de que financiar campañas no es ilegal?
Yo creo que la tesis de la Fiscalía es la correcta. Si se comprueba que estos dineros provienen de la Caja 2 y que esto ya tenía origen ilícito y con eso se financiaron las campañas, pues estamos hablando de lavado de activos, que es por lo que se está procesando a uno de los ex presidentes.

Nadie se salva. Ni el presidente actual, Pedro Pablo Kuczynski (PPK).
Así es, pero ahí soy muy cuidadoso. Lo ideal sería que él siempre tenga una actitud de mayor transparencia, de mayor esclarecimiento, de aceptar las investigaciones que se están llevando a cabo. Hemos visto que ha dado diversas versiones en sus distintas declaraciones en los últimos meses y eso es lo que genera más dudas e incertidumbre sobre su situación.

Al menos ya fijó fecha para recibir a la comisión Lava Jato.
Ese será un momento para que pueda aclarar muchas de las cosas de las que todavía hay dudas. En cuanto a su lugar como presidente, él tiene protección constitucional, pero creo que sí es bueno que el Perú sepa cuál es el rol del principal líder del país en esta situación. Y tendrá que evaluar si esto está afectando, como yo lo creo, seriamente la gobernabilidad del país. Se tienen que tomar decisiones como las que se vienen planteando, la posibilidad de una renuncia o una vacancia.

Este año se realizarán nuevas elecciones en Perú. ¿Qué reformas son necesarias para evitar casos de corrupción a gran escala, como la ocurrida con Odebrecht?
Lo mismo que sucede con Lava Jato a nivel nacional e internacional sucede en otras dimensiones, tan igual de graves en regiones. Una de las causas de toda esta corrupción es, nuevamente, el financiamiento de las campañas políticas; hay que evaluar la forma en la que elegimos a nuestras autoridades.

Hace una semana se eligió a Susana Silva como nueva coordinadora de la CAN (Comisión de Alto Nivel Anticorrupción), cargo que ya desempeñó en el pasado. ¿Qué acciones espera de su gestión?
Su primera tarea es tener una visión nacional anticorrupción. Que priorice mejorar la calidad de nuestros candidatos y el financiamiento, mejorar el sistema de contratación pública que hace agua, mejorar el sistema de sanción porque todavía se respira mucha impunidad. Ahí hay tres tareas importantes, además de las de transparencia y de gobierno electrónico que, creo, ayudarían mucho. Hay muchas provincias que todavía no están interconectadas, pero gran parte del país ya lo está y hay sistemas informáticos que no están conversando entre ellos, como el sistema del OSCE, de la Contraloría, del propio Ministerio de Economía. Tienen que interoperar y armar un solo sistema que el ciudadano pueda consultar en cualquier momento.

¿Los casos de corrupción en el Perú afectan al objetivo que tenemos como Estado de integrar la OCDE?
Todos quisiéramos que el Perú ingrese a este club de los países más desarrollados de la OCDE, con estándares de calidad de vida, de gobernabilidad, de institucionalidad, pero, siendo sinceros, estamos todavía bastante lejos. Cuando uno viaja al interior, ve las distintas realidades y realmente necesitamos hacer un gran esfuerzo en materia de institucionalidad. Hay muchas zonas en las que el Estado está ausente y cuando está presente, el riesgo de corrupción es altísimo.

Nuevamente se aplazó en el Congreso el debate de la norma del Ejecutivo que pretende cambiar el Decreto de Urgencia 003. ¿Le preocupa que aún no se resuelva este tema?
Creo que necesitamos ponernos de acuerdo en el Congreso para tener un marco normativo que permita un equilibrio entre el desarrollo, las obras, la construcción y, por otro lado, poder cobrar las reparaciones que estas empresas deben pagar por el grave daño que le hicieron al país. Este equilibrio es muy difícil, pero más lo es si nuestra clase política, nuestros congresistas, están pensando en qué beneficios logran y no en cómo el país podrá equilibrar esta doble situación.

AUTOFICHA

- “Soy abogado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Actualmente soy director del Instituto de Ética y Desarrollo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, en marzo cumplo un año. Antes fui defensor del pueblo, entre 2011 y 2016, y presidente de la Comisión de Integridad”.

- “Cuando me tocó presidir la Comisión Presidencial de Integridad, presentamos 100 recomendaciones y en una evaluación que hicimos en diciembre de 2017 solo 30 se habían acogido; había otras 70 que simplemente no se habían tomado en cuenta”.

- “La corrupción en el caso Lava Jato es una muestra clara de cómo se ha estado manejando la clase política en nuestro país, casi naturalizando los hechos de corrupción, aceptando dinero de estas empresas brasileñas. Lo que se requiere ahora es una investigación muy clara para dar con la verdad”.