Ejecutivo alista la estrategia legal contra la vacancia que impulsa el Congreso

Ayer, la temprana declaración de la ministra de Justicia, Ana Neyra, en que da luces de que se estaría orquestando un acto de sedición –que tendría como uno de sus principales artífices al presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama–, puso en retroceso los afanes de algunos grupos políticos que, en los últimos días, impusieron sus intereses políticos y personales sobre la estabilidad del país.

El tema fue analizado en extenso en un Consejo de Ministros encabezado por el jefe de Estado. Pero no fue él sino el premier Walter Martos, acompañado de los titulares de Defensa, Jorge Chávez; del Interior, César Gentille, y de Justicia, Ana Neyra, quien salió a dar un pronunciamiento en nombre del gobierno.

Poco después del mediodía, desde la Sala Túpac Amaru de Palacio de Gobierno y sin mayores preámbulos, el jefe del gabinete denunció que “algunos sectores con claros intereses subalternos, pretenden desestabilizar el orden democrático”. Pero, además, confirmó que el titular del Legislativo, Manuel Merino, “intentó involucrar a las Fuerzas Armadas en un proceso político en el que no deben tener ninguna participación”. Esta versión fue corroborada por el ministro de Defensa, quien dio cuenta de las pretensiones del legislador acciopopulista de comprometer a fuerzas no deliberantes en un proceso político (ver recuadro).

Ante este escenario, Martos exhortó a la ciudadanía a mantener la calma y a las “fuerzas democráticas” les pidió “reflexión y responsabilidad (...) para que no se presten a los intentos de algunos actores de desestabilizar al país”.

Un par de horas después, cerca de las 4 de la tarde, en el Palacio Legislativo, Merino –en conferencia de prensa– negó estar detrás de un complot, pero confirmó haber llamado al comandante general de la Marina, almirante AP Fernando Cerdán.

Alegó que actuó “con total transparencia” y para hacer un llamado a la calma a las Fuerzas Armadas y asegurarles que el Parlamento actuaría en apego a la Constitución. No explicó, sin embargo, por qué lo hizo incluso antes de que se debata en el Pleno la moción de vacancia.

Casi en paralelo, varios dirigentes acciopopulistas como Mesías Guevara e, incluso, miembros de su bancada como Hans Troyes tomaron distancia de sus gestiones. “Rechazo el actuar de algunos congresistas de mi bancada que utilicen prácticas antidemocráticas para desestabilizar la institucionalidad. Solicito a la Fiscalía que se investigue este hecho y, de haber responsables, se castigue con todo el peso de la ley”, escribió en Twitter el parlamentario en implícita referencia a Merino.

Este, por su parte, insistió en sus cuestionamientos al presidente Vizcarra y en su reclamo de explicaciones por los audios en los que se escucha al mandatario instruir a dos de sus colaboradoras sobre cómo encubrir sus reuniones con el compositor Richard Cisneros Carballido, conocido como Richard Swing. Pero esta vez, Merino, además, hizo un explícito reconocimiento de que, a estas alturas, la moción de vacancia no tendría los 87 votos necesarios para su aprobación.

“Se necesitan 87 votos y se tienen 65. Tiene (el presidente) la posibilidad de pedir disculpas de los errores que viene cometiendo. Yo lo exhorto a que venga, que dé la cara (...) y le damos la posibilidad porque una moción presentada de vacancia en principio no tiene ni los votos”, expresó.

Y es que, trascendió, ya había sido notificado de que la difusión de sus intentos de tratativas con las Fuerzas Armadas y la denuncia al respecto por el Ejecutivo había provocado la contramarcha de algunas bancadas en su aval a la moción de vacancia.

Daniel Urresti, vocero de Podemos, acusó “probables manejos oscuros” que se habrían venido haciendo desde la presidencia del Congreso, pidió una “investigación muy profunda” sobre el tema y rechazó el intento de “mangonear a nuestras gloriosas Fuerzas Armadas para conseguir victorias políticas socavando los principios democráticos”. “No aprobaré la vacancia”, anticipó.

Desde Alianza para el Progreso, cuya bancada votó en bloque por la admisión de la moción, su líder César Acuña también retrocedió. “Existiendo precisamente los canales fiscales y parlamentarios establecidos para la investigación de tales hechos (los audios), sería absolutamente innecesaria e impertinente forzar una vacancia presidencial por parte del Congreso”, precisó e instó a su bloque a actuar con responsabilidad.

En este escenario, la ministra de Justicia, Ana Neyra, confirmó que el Ejecutivo presentará una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional (TC). “Nuestro objetivo es que el máximo intérprete de la Constitución determine cómo debe interpretarse la causal de vacancia por incapacidad moral permanente que se pretende imputar de manera equivocada e inconstitucional al presidente”, explicó.

El trámite, informó el procurador del Estado en materia constitucional, Luis Alberto Huerta, se llevará a cabo mañana lunes 14. En cuanto a la cautelar, dijo que el objetivo “es garantizar que la competencia del Ejecutivo para dirigir la política general del gobierno sea resuelta lo más pronto posible”.

Neyra agregó que “el modo como está interpretando el Congreso la vacancia por incapacidad moral no es compatible con el sistema de gobierno de nuestro país, está afectando competencias del Ejecutivo y está minando el orden constitucional”.

Al respecto, el expresidente del Tribunal Constitucional Ernesto Alvárez explicó a Perú21 que el trámite de una demanda competencial tiene un plazo de resolución por parte del TC y añadió que, aun cuando el Ejecutivo presente una medida cautelar, será difícil que esta sea atendida porque podría considerarse un adelanto de opinión.

“Además, está el hecho de que, por más que tengamos una opinión discrepante con el Congreso, es atribución suya, de índole política, hacer uso del proceso de vacancia por incompetencia moral. No habría, entonces, las condiciones para que el tribunal emita medida cautelar”, refirió. Debido a ello, refirió, el trámite de vacancia a nivel congresal seguiría su curso. El jurista añadió que lo que cabe es que el gobierno tome medidas políticas. “Lo que corresponde al Ejecutivo es convencer a los líderes de opinión dentro del Congreso para evitar que quienes propician esta vacancia obtengan la mayoría necesaria”, acotó.

En un conflicto de competencia el presupuesto es que el Parlamento, que tiene la potestad para llevar a cabo el acto de control político, supuestamente estaría afectando las competencias del Poder Ejecutivo. Es una situación tirada de los cabellos que no resiste un análisis jurídico serio. Sin embargo, ya está decidido que se va a presentar la demanda y seguramente será acompañada por una medida cautelar que se sustentaría en una amenaza inexistente.

Que la moción de vacancia se haya admitido a trámite no significa una amenaza inminente, como sostiene el Ejecutivo, porque se requieren 87 votos para su aprobación y la moción ha sido admitida con 65 votos. En consecuencia, todo indica que el Congreso no alcanzaría los 87 votos, salvo que, en la sustentación de los descargos, los legisladores lleguen a la convicción de que la inconducta se ha producido, pero eso ahora es solo una hipótesis.

- La bancada del Partido Morado ha solicitado que se convoque a una sesión de Pleno para reconsiderar la moción de vacancia presidencial contra Martín Vizcarra.

- Asimismo, planteó que se convoque a una reunión del Consejo de Estado para que, con participación de los líderes de las agrupaciones políticas y autoridades, se busque una salida a la crisis política.