El Congreso pone en la mira al cuestionado ministro de Agricultura

Esto último si la entidad que lidera Pablo Sánchez acoge el pedido de diferentes parlamentarios para que investigue de oficio la omisión por parte de Arce de consignar datos relevantes en su hoja de vida, entre ellos su condición de reo libre en un proceso por estafa y el antecedente de haber estado preso por el delito de usurpación de funciones.

En predios legislativos no se descarta presentar una denuncia constitucional contra Javier Arce.

El vocero de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, dijo a Perú21 que es una posibilidad que será estudiada por la bancada. La presidenta de la Comisión Agraria, Vivian Olivos, por su parte, indicó que el ministro –quien desairó en la víspera a ese grupo de trabajo– será nuevamente citado para el próximo martes 7 a fin de que informe sobre las acciones de su sector para atender la crisis alimentaria. No obstante, dijo que “si Arce tiene solvencia moral, debe dar un paso al costado”. “Que no le haga más daño al país y que el Gobierno ponga a personas capacitadas y con perfil técnico”, reclamó.

El caso Arce también ha concitado el interés de la Comisión de Fiscalización. Su presidente, Héctor Ventura, ofició al titular del Midagri y lo citó también para el martes 7. En este caso, para que explique por qué omitió sus antecedentes judiciales y penales en su declaración jurada y la contratación de su sobrina Tania Achata Pimentel en su despacho de parlamentario andino.

Así las cosas, todos los caminos de investigación conducen a Arce; mientras, el Gobierno se pone de costado.

En tanto, la Defensoría del Pueblo –a cargo de Eliana Revollar– emplazó al Gobierno de Pedro Castillo a “reevaluar la designación del referido funcionario y la pertinencia de mantenerlo en el cargo”, situación que –apuntó–  pondría en riesgo la seguridad alimentaria de la población.

En ese contexto, la institución le recordó al presidente Pedro Castillo y al primer ministro Aníbal Torres que “su mandato constitucional es proteger los derechos de las personas y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal”.

“La consignación de información falsa en un documento público no solo constituye un acto ilícito sino una grave afectación del principio de transparencia, un obstáculo para el control ciudadano de las decisiones públicas y un actuar opuesto a los valores que debe presentar un ministro de Estado”, agrega el documento sobre el cual, hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta del Ejecutivo.