El costo de la informalidad de un ministro como Juan Silva en el MTC

La respuesta corta es casi S/30,000 millones al año, según una estimación de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), con datos a 2019. Sin embargo, la informalidad es un problema mucho más complejo y que si bien impacta en todos los ciudadanos, lo hace especialmente en los que menos ingresos tienen.

Este último aspecto lo explica el experto en transporte y presidente de la ONG Luz Ámbar, Luis Quispe Candia: “Esto afecta al ciudadano promedio en varios aspectos. Le afecta en su economía porque debe tomar dos, tres o hasta cuatro vehículos para llegar a su destino, porque a veces toma dos colectivos, un bus y un tren. Si tuviéramos un transporte formal e integrado podría hacer trasbordos gratuitos”.

La pérdida del tiempo es otro factor que impacta en la vida de los peruanos. En este caso el ‘precio’ que pagan los ciudadanos se mide en horas. “Hay un promedio de retraso mínimo de dos horas en el tiempo de viaje, y cuanto más largo es el viaje puede ser más costoso. Quienes viven en la periferia tienen que tomar un mototaxi para llegar a su destino o incluso llegan caminando. El tiempo que pierden de sus vidas al viajar es irrecuperable”, remarca, aclarando que los ciudadanos más pobres son los que finalmente son más afectados.

En el caso de Lima Metropolitana, si se consideran las cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) con datos a 2020, el 27.5% de la capital se encuentra en situación de pobreza, siendo este el grupo más vulnerable a los efectos del transporte informal (pero no el único). En otras palabras, 3 de cada 10 limeños.

En ese sentido el representante de Luz Ámbar, consideró que existen contradicciones entre la política que se observa desde el MTC y la supuesta intención del gobierno de Pedro Castillo de favorecer a los más pobres, que justamente se verían beneficiados por la reforma del transporte.

“Lo poco que se venía avanzando de la reforma no solo ha quedado detenido, sino que hay el peligro de que se concedan 10 años más (de circulación) a las combis y coasters, lo que va a retrasar que la ATU pueda seguir avanzando. Es preocupante el hecho de haber autorizado los autos colectivos y que la siniestralidad siga aumentando”, advirtió.

Por otra parte, el gerente general de la AAP, Adrián Revilla, agrega que la informalidad en el transporte ha venido deteriorando la calidad de vida de los peruanos “y peor aún la de los más pobres”.

“El uso de vehículos pequeños, como combis o colectivos generan más tráfico. En su lugar se debería tomar medidas para promover el uso de vehículos grandes con mayor capacidad de pasajeros y menor uso de las vías, congestionando menos las mismas. Otro problema a enfrentar es que los vehículos que se utilizan como taxi colectivo son los más antiguos, no son vehículos preparados para el uso intensivo que se les da hoy y cuya tecnología ya ha sido mejorada con modelos de vehículos más modernos y por lo tanto son más contaminantes y por lo general no cumplen adecuadamente con revisiones técnicas”, destacó Revilla.

Si bien Silva es conocido por impulsar el empadronamiento de colectivos informales su ‘fama’ también responde a que es el ministro inamovible de Pedro Castillo. Sin embargo, su aval no sería únicamente el Jefe Estado, sino también el mismo Poder Legislativo. Panorama reveló mails que el secretario general del MTC, Nicolás Bustamante, envió al jefe de Provías Descentralizado para dar ‘prioridad’ a ciertos proyectos de inversión en específico. Esto en medio de una hipótesis planteada por la congresista Susel Paredes, quien impulsa una moción de censura contra Silva.

Según la parlamentaria, la razón por la que sus colegas hacen oídos sordos a los cuestionamientos del ministro sería porque este daría luz verde a los proyectos de inversión en las regiones de los legisladores.

El programa dominical también dio a conocer una denuncia dirigida a Bustamante que hizo una coordinadora encargada de la evaluación y monitoreo de los proyectos de Provías. En el oficio, la funcionaria señaló que es víctima de hostilización con la intención de obligarla a dar conformidad a proyectos direccionados por la Secretaria General. También denunció que dichos proyectos tienen vigencias vencidas y no cuentan con expedientes técnicos ni certificación ambiental.

-“Una solución integral a estos problemas no pasa por dejar al libre albedrío en las vías del país a los transportistas, sean formales o informales, pues las víctimas de este caos somos los ciudadanos”, comenta Revilla.

-El parque automotor está compuesto por más de 3 millones de vehículos.