[ENTREVISTA] Milagros Campos: “Hay que evaluar la norma y el destino de los fondos”

La constitucionalista Milagros Campos recomendó evaluar la Ley de Partidos Políticos y apuntar a estándares internacionales en referencia al financiamiento de los grupos políticos. Asimismo, analizó cuáles son las reformas electorales más urgentes.

Es importante tener en cuenta que todas las leyes deberían tener una evaluación al cabo de un tiempo de vigencia. Muchas veces los problemas son del diseño normativo y otras veces los problemas surgen de la aplicación. Un problema en el sistema político es el transfuguismo. Es necesario corregirlo. El propio financiamiento es otro asunto pendiente. La mayoría de los países opta por un financiamiento mixto, tanto público como privado.

Insistiría en la necesidad de evaluar si es que las reglas de financiamiento han cumplido sus objetivos. Creo que es indudable que los partidos tienen que protegerse de no ser financiados con economías ilegales o delictivas. Por eso, las reglas de financiamiento son importantes, pero, transcurridos los años, es necesario hacer una evaluación de la norma y del destino de los fondos, sobre todo de los públicos.

Insistiría en la necesidad de evaluar la norma y ver si los objetivos se han cumplido, porque tanto el financiamiento público como privado tienen algunas vetas. La Corporación Andina de Fomento (CAF) publicó un informe que señala que había muchos fondos no declarados y también señalaba la importancia de revisar los fondos privados. Pero el problema no es lo que prohíbe, sino el seguimiento del dinero.

Necesitamos buscar idoneidad en los candidatos. Esto significa evitar aquellas personas que tienen sentencias, aun cuando hubieran cumplido su condena, cuando las sentencias han sido por delitos graves. El segundo tema es que vamos a ir a las próximas elecciones con más de 30 candidatos. Esto hace que el resultado sea muy inesperado y que incluso puedan pasar a segunda vuelta candidatos con menos de 10% de votos. Y lo tercero, es necesario modificar la Constitución, en lo que se refiere a la responsabilidad del presidente en ejercicio. Es decir, es necesario que consideremos que el presidente en ejercicio puede ser acusado por delitos y faltas muy graves. Esto nos acercaría a estándares internacionales, donde los presidentes pueden ser sometidos a juicio político.