[ENTREVISTA] Rubén Vargas: “El gobierno y el Congreso están subestimando la indignación de la población”

Fecha Actualización

10/04/2022 - 07:00

Tras una semana de movilizaciones, el exministro del Interior Rubén Vargas sostiene que estas han marcado un punto de quiebre y han roto la legitimidad del gobierno de Pedro Castillo. Advierte, además, que la inacción del Ejecutivo y del Congreso para encontrar una salida a la crisis, obliga la ciudadanía a salir a las calles, por lo que prevé que este clima de convulsión social continuará.

Luego de una semana convulsionada por movilizaciones, ¿cómo ve el panorama social y político?

El escalamiento de la crisis política se está expresando en una conflictividad social cada vez más violenta y extendida, no solamente en Lima sino en distintas regiones, especialmente en las del sur que, se supone, eran la principal cantera de apoyo al presidente. La mediocridad con la que se está gobernando, la corrupción en los más altos niveles –inclusive, de acuerdo a la hipótesis fiscal, estaríamos frente a una organización criminal encabezada por el presidente de la República–, esa mendacidad permanente, han generado zozobra en la población. Y esta se expresa en las calles de manera cada vez más violenta y es lo que vamos a ir observando en las próximas semanas hasta ver un resultado final con la salida del presidente Castillo. Creo que inevitablemente se ha roto esa legitimidad que el presidente Castillo tenía al comienzo del gobierno.

¿Cómo evalúa la capacidad de respuesta del gobierno frente a estos conflictos? El primer ministro, incluso, ha tratado de responsabilizar a la Policía Nacional por la inmovilización del 5 de abril.

El presidente y el Consejo de Ministros cometieron una clarísima infracción constitucional al pretender encerrarnos decretando una inmovilización social amparados supuestamente en un informe de la Policía Nacional que ahora sabemos no era tal, y han pretendido construir una historia para tratar de eludir su responsabilidad. El objetivo ha sido tratar de infundir miedo en la población con ese cuento de que los cerros iban a bajar para arrasar como bárbaros Atilas a la ciudad. Hay cierto problema en la relación del gobierno con la Policía Nacional, se ha hecho frecuente el ataque, la denostación, y eso no lo podemos tolerar.

¿Qué es lo que se busca, cree usted, con estos continuos maltratos a la Policía?

El primer ministro pretende que la Policía resuelva en las calles y carreteras esa crisis que el gobierno ha originado y no puede resolver. Creo que está demasiado estresado, está rebasado por los problemas y necesita tomarse un respiro y reflexionar mejor las cosas. Lamentablemente ha recurrido al ataque artero contra la Policía y a eso tenemos que decirle basta porque es una institución que no tiene la capacidad deliberante, pero no por eso (Aníbal Torres) puede abusar de su posición y seguir arremetiendo contra ella.

Las marchas se sucedieron en Lima y en regiones donde el presidente Castillo gozaba de respaldo. ¿Es válido señalar, como lo sostiene Torres, que detrás de estas movilizaciones están los vacadores y golpistas?

(…) No podemos decir que las manifestaciones se realizan como consecuencia de la manipulación o del pago a personas que se trasladan de un lugar a otro para expresarse en las calles o en las carreteras, eso es subestimar y menospreciar el reclamo e indignación de una población como consecuencia de este desgobierno; hay que tener un poco más de respeto a esa población que se moviliza.

¿Cuál es la salida? Quienes esperaban que el Congreso tome una decisión no han encontrado respuesta.

Ambos actores, Ejecutivo y Legislativo, están subestimando la reacción y la indignación de la población. En algún momento, el concepto de ‘que se vayan todos’ va a ser inevitable. El Congreso tiene que tomar una decisión antes de que esta idea sea irreversible. ¿Cómo se resuelve esto? En principio tendría que ser por la renuncia del presidente pero sabemos que eso no va a ocurrir, y también tenemos sospechas fundadas de que el Congreso no va a tomar la decisión que corresponde a una sucesión constitucional, entonces, están obligando a que la ciudadanía indignada se exprese con la suficiente contundencia en las calles.

¿Estas marchas marcan un punto de quiebre?

Definitivamente el punto de quiebre ya se ha dado y estamos en una cuenta regresiva respecto a la permanencia del presidente Castillo. Ojalá que él pueda leer esa realidad para que tome una decisión y no afecte más a nuestra democracia, pero si eso no ocurre esa cuenta regresiva va a tener que expresarse en las calles y probablemente el concepto de ‘que se vayan todos’ nos lleve a un escenario en el que la crisis política va a ser un poco más dura.

¿La recomposición del gabinete podría dar un respiro?

La posibilidad de que una recomposición del gabinete le dé un poco de oxígeno al gobierno se agotó con Mirtha Vásquez, porque el gabinete es el resultado de una negociación poco transparente con Vladimir Cerrón. Hay un sistema de cuotas y amiguismo y de convocar a personas que no tienen el expertise ni el perfil profesional para asumir responsabilidades en este momento de crisis.

¿Este Congreso ha estado a la altura de la crisis?

Lamentablemente el Congreso ha decidido no ejercer el control político que le correspondería en un contexto de crisis política. El Congreso ha claudicado a tener una posición una posición más firme frente, por ejemplo, a esta agresión a la Constitución en la que han incurrido el presidente y el gabinete al pretender encerrar a más de 10 millones de peruanos en Lima y Callao. Definitivamente el Congreso está en una lógica en la que está haciendo valer más la quincena que la defensa de la democracia y creo que está un poco sometido a esos poderes fácticos que nacen de ciertos sectores de la economía informal; es una gran pena porque necesitamos una posición mucho más firme en defensa de la democracia.

TENGA EN CUENTA

Rubén Vargas Céspedes es abogado. Fue presidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) entre 2018 y 2020, y ministro del Interior durante el gobierno de Francisco Sagasti.

“El gobierno ha abandonado el proceso de modernización y fortalecimiento de la Policía Nacional que inició la propia institución”, indicó.

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