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Corte Suprema dicta 9 meses de prisión preventiva contra excongresista Freddy Díaz acusado de violación

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Fecha Actualización
La Sala Permanente de la Corte Suprema dictó 9 meses de prisión preventiva contra el excongresista de Alianza para el Progreso, Freddy Díaz, quien fue denunciado por su extrabajadora del Congreso por haberla violado sexualmente en julio del 2022.
El tribunal revocó la decisión adoptada en enero pasado por el juez de primera instancia, quien ordenó apenas comparecencia con restricciones para el exlegislador.
La sala advirtió que Díaz ha demostrado un “comportamiento errático” al no asistir a diligencias fiscales para las que fue convocado, y por ello representa peligro de fuga.
Además, apuntó que el exlegislador no ha sido ubicado por las autoridades en el inmueble que ha declarado que alquila como vivienda.
“El investigado no posee arraigo domiciliario de calidad y no se ha apreciado un comportamiento procesal leal sino errático, impidiendo objetivamente, ser ubicado para las primeras pesquisas indagatorias, no acudiendo a la primera citación fiscal; la medida de comparecencia con restricciones, de menor intensidad no es suficiente al fin que se persigue alcanzar, ergo la prisión preventiva es necesaria”, concluyó el colegiado encabezado por el juez supremo César San Martín.
La Fiscalía imputa al exparlamentario haber violado a su trabajadora, el 27 de julio del 2022, en la oficina congresal ubicada en el edificio del jirón Azángaro. Esa noche, Freddy Díaz –según el testimonio de la agraviada– la “presionó para brindar” con bebidas alcohólicas por la elección de Lady Camones, entonces compañera de bancada, como presidenta del Legislativo.
En ese lugar, además, la habría dopado, ultrajado e incluso secuestrado al impedirle salir del recinto. Para justificar el execrable hecho, el excongresista sostuvo posteriormente que mantuvo una “relación esporádica” con la denunciante, versión que fue tajantemente desmentida por ella.
Debido a estas graves acusaciones, Díaz fue sancionado por el Parlamento e inhabilitado para ocupar cargos públicos por diez años.
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