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Fuerza popular interpuso habeas data: ¿Por qué solicita la lista de electores?
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Tal como lo anunció la semana pasada, Fuerza Popular presentó esta mañana un recurso constitucional de habeas data contra la ONPE. El escrito fue presentado esta mañana por el abogado Domingo García Belaunde.
De acuerdo al escrito al que tuvo acceso Perú21, el recurso fue presentado ante el 11° Juzgado especializado en lo Constitucional de Lima y requiere que la ONPE entregue “la copia certificada y en CD de la lista de electores por mesa de sufragio en formato PDF o JPG, utilizada a nivel distrital, provincial, regional y en el extranjero, suscritas y utilizadas en la segunda elección presidencial 2021".
Según los fundamentos, el pedido se ampara en que existe “un número elevado de actas de votación que han sido objeto de falsificación de firmas, suplantación de electores en mesas de votación, observación de actas sin fundamento formal y material así como la adulteración de los resultados finales en las actas de sufragio”.
Además, señala que “se ha advertido la presunta ocurrencia” de falsificación de firmas de miembros de mesa, suplantación de identidad de los miembros de mesa y adulteración de la voluntad popular.
El Habeas Data se ha presentado además, debido que, según plantea Fuerza Popular, el 12 de juno pasado, se solicitó al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, de que se entregue la información citada.
El escrito también señala que tanto Fuerza Popular como Perú Libre “han advertido irregularidades en distintas mesas de sufragio, que también han sido encontradas por la ONPE al momento de procesar las actas electorales” y derivarlas a los Jurados Electorales Especiales.
¿Por qué piden la lista de electores?
Según Fuerza Popular, para que el JNE pueda resolver los casos pendientes de nulidades, es “ineludible, pertinente y totalmente necesario” que verifique y contraste la lista de electores. “Ello le permitiría conocer con exactitud cuántos electores verdaderamente sufragaron en una mesa y así evitar que se declaren nulos todos los votos de una mesa electoral”.
“La referida lista de electores permitirá al JNE tener los elementos de prueba suficientes para resolver acorde a derecho y justicia las nulidades como adecuadamente los sustentó en su voto en minoría el magistrado del JNE, Luis Arce”, precisa el recurso.
“La documentación constituye de capital importancia para la solución de una cuestión de relevancia nacinoal como es conocer la verdad y el sentido real de la expresión popular materilizada en las elecciones presidenciales”, indica.
Por otro lado, Fuerza Popular solicitó que se prescinda del plazo establecido por el Código Procesal Constitucional (10 días) ya que existe un “peligro inminente de sufrir un daño irreparable”. Por ello, se solicita que se entregue lo requerido “inmediatamente”.
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Fuerza Popular presentó como medios de prueba los oficios de solicitud y denegatoria de las listas de electores presentados a ONPE.
Al final del escrito, Fuerza Popular pide que al tratarse de un tema de “gravedad, relevancia y extrema urgencia”, se ordene a la ONPE que entregue en un plazo mínimo de tres días útiles”.
Tras la presentación del escrito, la lideresa y candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori publicó un tuit indicando que el recurso presentado por García Belaunde “es el derecho de millones de peruanos acceder a la lista de electores por mesa de sufragio para verificar todas las irregularidades que hemos denunciado ante el JNE”.
Cargo del Habeas Data firmado por Domingo García Belaunde. Es el derecho de millones de peruanos acceder a la lista de electores por mesa de sufragio para verificar todas las irregularidades que hemos denunciado ante el JNE. https://t.co/xc2QP5bJjf
— Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) June 22, 2021
Cabe precisar que la lista de electores está referido al documento que los ciudadanos firman y donde colocan su huella digital antes de votar. También incluye la imagen del elector y su grado de instrucción , según explicó el abogado Julio Silva a Perú21.
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¿Qué es un habeas data?
Se trata de un recurso constitucional que busca defender el derecho fundamental de acceso a la información. Es planteado para acceder a información que está en poder de una entidad pública, y también de expedientes en trámites, bajo estudio, dictámenes, opiniones, datos estadísticos, informes técnicos u otro que esté en manos de la administración pública.
Según el Código Procesal Constitucional, a través de este recurso se busca conocer, actualizar, incluir y suprimir o rectificar información o datos referidos a la persona que lo plantea siempre que la data obre en una institución.
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