Gobierno abandona a los alcaldes en lucha antidrogas y favorece coca ilegal

Advierten, asimismo, un trato desigual en la suspensión de la erradicación de los cultivos ilegales de hoja de coca frente a otras áreas de mayor expansión en donde la producción va directamente al narcotráfico, como el Vraem.

En tal sentido, en el documento las autoridades ediles exigen al gobierno que se les dé a la zona un trato igual al que recibe el Vraem en lo que respecta a la erradicación y demandan que tanto Devida como el Proyecto Especial de Control y Reducción de Cultivos Ilegales en el Alto Huallaga (Corah) replanteen sus objetivos “debido a los malos resultados obtenidos hasta la fecha”.

Y es que actualmente, explica el exministro del Interior Rubén Vargas, Devida –bajo la gestión de Ricardo Soberón–, ha implementado una política de erradicación que se circunscribe a las áreas naturales protegidas y territorios de comunidades nativas “donde hay escasa productividad por lo que no tiene mayor relevancia para la lucha antidrogas”.

“En realidad, el gobierno ha abandonado la lucha contra las drogas y la erradicación de cultivos ilegales. Lo que está haciendo es una pantomima al eliminar cultivos abandonados que no tienen mayor importancia en la lucha contra este flagelo”, acotó.

De acuerdo a los burgomaestres y representantes de organizaciones civiles, esta situación de trato desigual al Alto Huallaga respecto del Vraem fue reconocida por el propio primer ministro Aníbal Torres en una reunión celebrada el último jueves. En dicho encuentro, además, dicen, el representante de Devida, Hugo Cabieses, admitió que los sembríos de coca en el Alto Huallaga no llegan a las 800 hectáreas.

“Exigimos al presidente del Consejo de Ministros que cumpla con los compromisos asumidos en la reunión sostenida con la representación y se proceda de inmediato con la suspensión de la erradicación de la hoja de coca en la zona del Alto Huallaga. Asimismo, exigimos el retiro inmediato de Devida en la provincia de Leoncio Prado y el Valle del Monzón por la actitud intransigente de su presidente Ricardo Soberón y por el fracaso de las políticas de intervención y cultivos alternativos”, indican. En ese contexto, le dan plazo al gobierno hasta este martes 22 para que atienda sus requerimientos.

El exministro del Interior Rubén Vargas, en declaraciones a Perú21, sostuvo que es el gobierno el que “con sus propias contradicciones ha ocasionado esta confusión y entendible reclamo de las autoridades locales del Alto Huallaga”, a quienes –dijo– debería ver como potenciales “aliados estratégicos” en la lucha contra el narcotráfico.

“La estrategia contra las drogas que pone en práctica el jefe de Devida está favoreciendo indebidamente a los cocaleros ilegales del Vraem. Su pacto cívico ciudadano con el que propone la autoerradicación es un contrabando, una copia mal hecha de lo que se aplica en Bolivia bajo el nombre de control social”, manifestó.