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José Luna se juega su libertad ante pedido de 36 meses de prisión
Hoy, José Luna Gálvez se juega su libertad en la audiencia donde el PJ evaluará el pedido de 36 meses de prisión preventiva en su contra. El fundador del partido Podemos es investigado por, presuntamente, haber liderado la organización criminal Los Gánsters de la Política.
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Hoy, José Luna Gálvez se juega su libertad en la audiencia donde el PJ evaluará el pedido de 36 meses de prisión preventiva en su contra. El fundador del partido Podemos es investigado por, presuntamente, haber liderado la organización criminal Los Gánsters de la Política, cuyo objetivo fue capturar la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para allanar el camino de la inscripción de Podemos.
De acuerdo a las pericias fiscales, Luna Gálvez realizó “pagos con fines corruptos” entre 2016 y 2017 a los entonces integrantes del defenestrado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Guido Aguila e Iván Noguera, quienes a su vez tenían la misión de nombrar al jefe de la ONPE promovido por Luna: Adolfo Castillo Meza.
El propio Castillo se ha acogido a la confesión sincera y ha declarado ante la fiscal a cargo del caso, Sandra Castro, que los operadores de Luna se contactaron con él en 2016 para proponerle que postule al cargo de titular de la ONPE.
José Cavassa fue uno de estos operadores, quien también se encargó de coordinar con los exmiembros del CNM para comprar sus votos a favor de Castillo Meza.
La hipótesis fiscal apunta a que Luna simuló el pago de supuestos servicios de parte de Telesup para efectuar las coimas por más de S/ 1 millón a los bolsillos de los exconsejeros.
EL OPERADOR CAVASSA
Por otro lado, la Fiscalía reveló que Luna contrató a Cavassa como asesor de informática para la Universidad Telesup en julio de 2015. El primer contrato lo suscribieron por 12 meses a S/144 mil.
En agosto de 2016, Telesup y Cavassa firmaron una adenda que extendió el acuerdo laboral por 17 meses más. Es decir, hasta diciembre de 2017. En ese lapso, el operador contactó a los miembros del CNM para que, tras cumplirse el proceso, designaran en febrero de 2017 a Castillo Meza como jefe de la ONPE.
En enero de 2018 se cerró un último contrato de S/84 mil por siete meses. La suma total asciende a S/432 mil.
CAMINO ALLANADO
Una evidencia del direccionamiento en favor de Castillo fueron los términos que Guido Aguila incluyó en el Reglamento de Concurso para el nombramiento del jefe de la ONPE. El 4 de enero de 2017 se publicó la disposición del CNM que establecía como requisito para postular “tener experiencia probada en administración e informática”. Castillo era director universitario en el área de informática.
Asimismo, entre los criterios de evaluación se estableció un 55% de puntaje a la exposición del plan de trabajo y a la entrevista personal a los postulantes. Esto, evidentemente, dejaba un amplio margen de subjetividad para que los entonces consejeros eligieran a quien quisieran.
ANÁLISIS DEL CASO
“En el caso del señor Luna Gálvez creo que hay una evidencia más que suficiente de todas las movidas o delitos en que está involucrado; no solo él, sino también su hijo José Luna Morales, que actúa de una manera intencionadamente irresponsable porque está tratando de sacar provecho al máximo de su posición en el Congreso”, consideró Walter Albán, exdirector de Proética.
“Ya se sabe que la locomotora de la infiltración abierta de la política peruana era el CNM. Esto le ha servido a figuras como Daniel Urresti que está dispuesto a pactar con el diablo si esto le permite llegar al poder”, señaló Albán.
Por otro lado, la penalista Romy Chang señaló que la medida de prisión preventiva se debe dar en situaciones de excepcionalidad y consideró que en el caso de Luna Gálvez hay una resolución anterior que ya revocó su detención preliminar, por tanto, dijo, el juez de hoy podría tomar en cuenta esa orden y librar a Luna de la cárcel. No obstante, Chang también apuntó que “la Fiscalía podría fundamentar su pedido de prisión preventiva en elementos distintos al de la detención preliminar”.
TENGA EN CUENTA
“De ninguna manera hay que respaldar a candidatos que ya pueden ser identificados como miembros de mafias políticas”, indicó Walter Albán, exdirector de Proética.
El Ministerio Público abrió una investigación en noviembre de 2017 por la presunta falsificación de firmas en los planillones de Podemos Perú para inscribirse ante la ONPE.
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