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Luciana León pide al PJ que pruebas incautadas no se usen en su contra
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El juez supremo Hugo Núñez admitió a trámite la apelación interpuesta por la legisladora aprista Luciana León contra la orden que autorizó el allanamiento a su vivienda de San Isidro para incautar evidencias que la vinculen con Los Intocables Ediles.
De acuerdo a su resolución, el recurso fue elevado a la Sala Penal Especial tras cumplir con todas las formalidades. Ahora esa instancia debe analizar si concede o no la pretensión de León Romero.
La integrante de la Comisión Permanente del Congreso disuelto ha solicitado “que no se utilice ningún bien, documento, información o data digital incautada" en el proceso judicial que se le sigue. A su juicio, y lo expone en su petitorio al que accedió Perú21, la intervención de su vivienda y de su despacho en el Parlamento fue ilegal por ser ella una alta funcionaria.
“Esta disposición no es aplicable a los funcionarios mencionados en el primer párrafo del Artículo 93 de la Constitución”, argumentó. Esa norma indica que los congresistas “no pueden ser procesados in presos sin previa autorización del Congreso o la Comisión Permanente”.
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Además, requirió que se “elimine toda la información y data digital asegurada", así como dejar sin efecto el levantamiento al secreto de las comunicaciones y la misma resolución que autorizó las diligencias.
El allanamiento, que fue ordenado por el mismo Núñez, se realizó el martes de la semana. La solicitud fue presentada por el Área de Enriquecimiento Ilícito de la Fiscalía de la Nación. Aquella vez, como informó Perú21, a la parlamentaria se le decomisaron un celular iPhone, agendas y más de S/5 mil en efectivo.
De acuerdo a la investigación, León le cobraba entre S/15 mil y S/20 mil al financista de la banda criminal Alexander Peña Quispe a cambio de interceder en su favor ante el Ministerio de Economía.
Además, habría gestionado ante ese ministerio la inclusión de la Municipalidad de La Victoria en el concurso convocado por el Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional entre marzo y junio del 2017, a cambio de la contratación de su hermano Romulo León Romero por parte de Alex Peña.
Existen conversaciones telefónicas y comunicaciones entre la detenida asesora de León, Betsy Cecil Matos Franco, y Peña Quispe. Según la hipótesis, Matos era la encargada de coordinar los presuntos cobro de cupos en favor de la ex parlamentaria.
Los Intocables Ediles fue una organización criminal que controló el municipio de La Victoria entre 2014 y 2018, y que se dedicó a cobrar ilegalmente cupos a comerciantes para que ocuparan espacios públicos en ese distrito.
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