Julia Príncipe reportó crisis en las procuradurías públicas anticorrupción

Una situación de crisis es la que atraviesa la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción. Pese a los dos procesos de reestructuración orgánica a los que fue sometida la institución en el 2012 y 2015, durante las gestiones de Julio Arbizu y Joel Segura, respectivamente, no hay resultados favorables en la defensa jurídica del Estado, en particular en lo que respecta a las condenas y a la reparación civil.

Eso es lo que reveló ayer –ante la Comisión de Fiscalización del Parlamento–, la presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, Julia Príncipe, quien refirió que a pesar del aumento de recursos humanos, logísticos y financieros que ha tenido la institución, eso no se refleja en una mayor efectividad ni producción.

Ante el grupo de trabajo, que preside el congresista Héctor Becerril, la ex procuradora de Lavado de Activos reveló que desde hace más de un año, seis sedes descentralizadas de un total de 15 se encuentran sin titular, once de 37 oficinas requieren ser reubicadas y de estas 32 ocupan inmuebles alquilados que demandan un alto costo. A eso se suma el hecho de que las remuneraciones de los procuradores, profesionales y técnicos no se han incrementado lo suficiente durante el último quinquenio, "lo que ha generado renuncias del personal, afectando el patrocinio de los intereses del Estado", subrayó.

En otro momento, Príncipe informó que actualmente la carga procesal de la Procuraduría Anticorrupción supera los 31 mil casos. Añadió que de un total de 1,494 millones de soles que se ha impuesto en reparaciones civiles, la Procuraduría solo ha logrado cobrar 32 millones de soles. Dicha cifra, agregó, contrasta con los 9,106 millones de soles de perjuicio económico que ha provocado la corrupción.