Poder Judicial explica fallo contra Kenji Fujimori

El juez supremo Manuel Luján Túpez, magistrado en el denominado caso Mamanivídeos, explicó que si los excongresistas Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel, condenados a cuatro años y seis meses de prisión suspendida, así como el exasesor parlamentario Alexei Toledo, incumplen las reglas de conducta impuestas en su contra, pueden ir a prisión efectiva.

Redacción PERÚ21

Fecha Actualización

09/01/2024 - 18:37

El juez supremo Manuel Luján Túpez, magistrado en el denominado caso Mamanivídeos, explicó que si los excongresistas Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel, condenados a cuatro años y seis meses de prisión suspendida, así como el exasesor parlamentario Alexei Toledo, incumplen las reglas de conducta impuestas en su contra, pueden ir a prisión efectiva.

Refirió que se les ha impuesto seis reglas de conducta, entre ellas la obligación de cumplir con el pago de la reparación civil de S/500 mil y realizar un servicio a la comunidad o una obra social “que haga ver que la persona puede ser realmente recuperada, rehabilitada, reinsertada y reeducada”.

MIRA: Romy Chang sobre Kenji Fujimori: “La Corte Suprema ya juzgó”

Añadió que este servicio comunitario estará a cargo de la Oficina de Medio Libre de Lima del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y los mismos sentenciados pueden solicitarlo al Juzgado supremo de investigación preparatoria como se ordenó en la sentencia.

“Un servicio comunitario o a favor de la comunidad significa, por ejemplo, hacer limpieza en las escuelas, ir a los hospitales a ayudar a las personas que están en fila, entregar tickets, orientarlos, cuidar jardines, sembrar plantas, cuidar la forestación nacional, en fin, algo que haga ver que su compromiso con la Patria es efectiva”, indicó.

Precisó que el cumplimiento de las reglas de conducta es compromiso de las contrapartes judiciales, en este caso el que estará vigilante será el Ministerio Público o la Procuraduría del Estado Especializada en Delitos de Corrupción, que está constituida como actor civil.

“Las reglas de conducta se someten a lo establecido en el artículo 59 del Código Penal, que señala que a solicitud de las contrapartes –en este caso el Ministerio Público o la Procuraduría Pública– si consideran que las seis reglas de conducta no se están cumpliendo o no se ha cumplido, pueden requerir al juez supremo de investigación preparatoria para que se revoque la suspensión de la pena como beneficio y se convierta en una pena efectiva en una cárcel del país”, advirtió.

El magistrado enfatizó que una regla impuesta es que cumplan obligatoriamente con el pago total de la reparación civil, en el plazo de cuatro años. “Pero cualquiera de los cuatro sentenciados o la Fiscalía o la Procuraduría pueden establecer un cronograma de pago con fechas fijas o establecer plazos máximos de pago al Juzgado”, manifestó.

MOTIVOS DE LA PRISIÓN SUSPENDIDA

Por otro lado, explicó las razones por las que el tribunal supremo no aplicó la efectividad de la pena de cuatro años y seis meses a los exparlamentarios, tal como lo dispuso la sentencia de primera instancia en el año 2022.

“Resulta que entre una sentencia (año 2022) y la otra (dictada hoy) se emitió el Decreto Legislativo 1585 (noviembre de 2023) que tiene que aplicarse por favorabilidad, que es mandato del artículo 109 de la Constitución. Este decreto establece que si la pena impuesta es menor de cinco años, esta puede ser suspendida, siempre y cuando los sentenciados cumplan los requisitos de ley”, afirmó Luján Túpez.

Añadió que en este caso los sentenciados Fujimori, Ramírez y Bocángel cumplían los requisitos y, “porque la ley es igual para todos, sin diferencia, se dictó la pena suspendida y no efectiva”, precisó.

Agregó que tales requisitos son: no tener antecedentes judiciales, cumplir con los mandatos de los órganos jurisdiccionales. “No se han fugado, han cumplido los mandatos que se establecían y, además, no existe ninguna conducta que hagan pronosticar que serán delincuentes consuetudinarios”, refirió.

Señaló que el Decreto Legislativo 1585 se dio porque el Tribunal Constitucional ha señalado que las cárceles, tal como están, establecen un estado inconstitucional de cosas. “Por lo tanto, es obligación de todos, el Poder Judicial de por medio, cumplir con desaparecer ese estado, por eso, este decreto exigía que tengamos que revisar que la pena sea suspendida”, finalizó.

VIDEO RECOMENDADO