Marianella Ledesma del TC: “El Congreso no tiene la última palabra” [VIDE0]

Considero que los aportes que hace el Tribunal Constitucional, a través de su sentencia, son para contribuir de la mejor manera al ejercicio de la democracia representativa. Esta se debe ajustar al marco constitucional. Lo que el TC –en la sentencia del caso los peajes– ha advertido es que las prácticas parlamentarias están colisionando con la esencia de la democracia representativa.

El ciudadano delega a sus 130 representantes la labor legislativa. Lo que se pide en reciprocidad es que estos señores congresistas, como siempre lo han venido haciendo, deliberen de manera abierta, muestren las razones, la posición que toman y su voto público. A partir de estas nuevas reglas –que han modificado el reglamento del Congreso–, se dice que ahora no es necesario que los congresistas voten directamente, sino que lo hagan por intermedio de su vocero de bancada. Entonces, eso es lo que he advertido.

La actividad del Congreso no es exclusiva para que el congresista pueda debatir o decidir. Ellos son representantes, están allí por una votación de la ciudadanía, hacen una actividad pública y nos interesa a todos los ciudadanos hacer el control social. Escuchar a mi representante, cómo eso que me dijo en la campaña lo refleja en sus votos; eso es una democracia representativa. No es que yo elegí al congresista y ya no puedo saber ni qué ha dicho ni cómo ha votado. Lamentablemente estamos llegando a ese sistema. Con la pandemia se ha generado que el congresista entregue su voto a su vocero de la bancada, pero no se escuchan los argumentos. A ese nivel hemos llegado.

El Parlamento de Brasil tiene 500 representantes y perfectamente sesiona y vota de manera abierta. Argentina tiene más de 250 representantes y también delibera así. Chile y Ecuador de igual modo. Acá en Perú, los congresistas están escondiendo la deliberación y la votación interna y se transmite el voto al vocero. La sentencia dice que hagan las deliberaciones que siempre han hecho y voten públicamente. El tablero electrónico del Congreso puede ser compatible con las plataformas tecnológicas.

Hay que tener en cuenta que es peligroso que un contrato entre privados pueda ser modificado por un tercero, algún funcionario o integrante del Estado. Ya no habría seguridad jurídica. Aterrizo esto a un caso doméstico: los contratos de alquiler. Un arrendador sabe que un inquilino le tiene que pagar su renta, pero, ¿puede decir el Congreso que, como hay riesgo de contagio al momento en que el arrendador le toque la puerta al inquilino para cobrarle, se suspende el cobro de arrendamiento?; además, ¿luego no vas a poder cobrar la renta que no te pagó porque hay estado de emergencia? Esto que yo estoy diciendo de un tema doméstico es lo que se ha dado en el cobro de peajes.

Lo que ha hecho el tribunal no es pensar en el peaje; lo que ha hecho el TC es establecer un principio básico: las libertades contractuales se respetan.

El Congreso no es la última palabra. Lo que diga el Congreso no es la última palabra. Hay un documento básico que todos debemos acatar: la Constitución. Los ciudadanos pueden cuestionar las normas del Congreso. Con 5 mil firmas pueden ir al Tribunal y argumentar que una ley aprobada en el Congreso es inconstitucional. Qué pena que nos les guste, pero el TC está cumpliendo con su labor de árbitro.

Lamentablemente, creo que las personas hablan por sus propias experiencias. Nunca en mi vida nadie me ha presionado, soy una persona libre e independiente. De repente el señor (Valdez) puede hablar por la experiencia que le habrá tocado. No formo parte de grupos políticos, ni soy partidaria de una organización porque lo que menos me gusta es acatar órdenes sin duda ni murmuraciones como se hace en los partidos políticos. La labor del TC no es partidaria. Hay un estigma de parte del Congreso que asocia a los siete integrantes del TC como proclives a Vizcarra. Ningún miembro anda pensando en lo que diga Vizcarra.

El Tribunal Constitucional seguirá cumpliendo su labor de manera independiente y autónoma al margen de las opiniones de los funcionarios del Estado.

La ciudadanía será el gran réferi que podría responder a esa pregunta. Yo me abstengo de decir si están calificados moralmente para elegir a los nuevos miembros del tribunal (Ledesma sonríe ligeramente). Solo espero que lo hagan con la mayor transparencia y el mayor profesionalismo.

Está dentro de sus prerrogativas designar a los miembros del Tribunal Constitucional. Están avanzando, hay que reconocer ese avance.

Te digo que hay intereses económicos de parte de universidades privadas por los beneficios tributarios que estas han venido usando. También hay temas, en el TC, de exoneraciones en el pago de tributos. Por eso, siempre he dicho que hay que estar vigilantes de las personas que serían designadas (por este Congreso en el TC), por el posible conflicto de intereses que se pudiera tener en casos en que tengan que intervenir.

Coincido con el exmagistrado Víctor García Toma en que los congresistas en su mayoría no terminan por entender cuáles son las funciones del TC. Pero para eso están los asesores, pueden documentarse. No todos los congresistas son abogados, y seguro eso les hace difícil el entendimiento. El poder no está concentrado en el Congreso. El poder está repartido en el Estado constitucional.

Una vez que se admita la demanda, se corre traslado por 30 días hábiles. El TC escucha los informes orales y tiene un plazo de 1 a 30 días para resolver. Los procedimientos digitales nos ayudan a resolver más rápido los temas.