Marianella Ledesma: “La rehabilitación automática es una ficción” [VIDEO]

El presidente del Partido Morado y el secretario general conversaron conmigo para que me incorpore al partido. El año pasado he dejado de ser funcionaria del Estado después de 40 años de servicio a mi país y ahora tendría que analizar la posibilidad de hacer una actividad política partidaria en esta nueva etapa de mi vida.

Tenemos un país con un modelo nada inclusivo. Vemos un país muy dividido entre el Perú marginal y rural versus un país más de la urbe porque el cierre de las brechas no se ha materializado; más bien, esas brechas se han intensificado. Una segunda reflexión es la falta de afecto social de parte de los líderes políticos. A mí me conmueve ver las agresiones del Estado hacia los manifestantes y también me preocupa que los policías sean heridos, golpeados. Tenemos una agresión entre la población y el aparato policial que hace que el Estado viva una situación de caos y eso genera un impacto en la vida de las personas.

Siempre voy a aspirar a que esa salida sea por los cauces democráticos. El modelo democrático lo deberíamos defender, y este no solo parte por elegir a nuestros representantes, sino también exigir a los representantes que, cuando estemos en una situación de tensión social, se utilicen los mecanismos que la propia Constitución recoge para desentrampar esta crisis. Existe la posibilidad no solo del adelanto de elecciones, también de invocar una renuncia y plantear la vacancia. Esto, para que se restablezca la tranquilidad y el orden social.

Siempre voy a ser partidaria del diálogo, de la comunicación y de la participación, pero también es cierto que hay que saber con quién vamos a conversar. En esta situación es vital conversar con quienes están enarbolando estas tesis vinculadas a reclamos y protestas sociales. Debería (el gobierno) comenzar a tender puentes con este grupo que protesta para así hacer que este diálogo sea más fructífero. Debería conversarse con los grupos que están en una posición contraria para ver qué temas se pueden rescatar o armoniosamente encontrar una solución.

Esta situación no se produce de la noche a la mañana. Ha venido escalando, propio de la dinámica del conflicto. La respuesta que ha dado el gobierno no ha sido la idónea. Frente a una respuesta de represalia tan fuerte que terminó en asesinatos en Ayacucho y Puno, ahora debe haber un gesto de la parte que ha gestionado la intervención de las Fuerzas Armadas. Debe haber un gesto para decir, por lo menos, que en algo vamos a acercarnos para posibilitar el diálogo. Esto para que el sector que se siente avasallado, vejado, afectado, sienta que en algo se puede reconducir algún punto de coincidencia.

La renuncia de Boluarte sería una situación mayor. Yo pondría a disposición el cargo del señor Otárola. Él fue ministro de Defensa cuando se generó el asesinato de pobladores en Ayacucho. Luego, cuando fue premier, se dio el asesinato de personas en Puno. Se debe poner a un ministro más concertante con el grupo que está protestando.

El Congreso de la República tiene que cumplir el rol constitucional que le corresponde. Actualmente, Boluarte como presidenta del país ha ejercido una atribución constitucional como es el estado de emergencia. Pero también es cierto que esa prerrogativa tiene que ser visibilizada y controlada por el Congreso. El Legislativo, al ver que hay un mal uso de la fuerza con los manifestantes, ha podido pedir la censura de algún ministro, pero están en un silencio sepulcral. Al Congreso le corresponde controlar cómo ejerce Boluarte el poder. Sobre todas las cosas hay que tutelar la vida de las personas en general, no solo los manifestantes; también hablo de la Policía. No hay control político desde el Congreso al Ejecutivo.

Las elecciones deben estar en función de una necesidad social. Estamos en una situación de anormalidad que se está presentando en estos reclamos sociales. Lo ideal es que, utilizando el método democrático, haya pactos o negociaciones políticas que lleven a acelerar una nueva elección con otros actores y otras condiciones para desentrampar esta situación crítica.

Los grandes protagonistas van a ser los partidos políticos, pero hablando en su real dimensión: donde haya una ideología, un ideario, una organización y una fe en esas ideas para preservar el bienestar de los ciudadanos. La lógica de un Estado y la conformación de una república están diseñadas con ese mensaje: el bien común. Encuentro pocos partidos, encuentro apariencias. El partido político debe ser el nexo entre la voz de los ciudadanos y una representación de su voz que se debe expresar en el Congreso.

Yo no comparto la decisión que tomó el Tribunal Constitucional de permitir que sentenciados por terrorismo, narcotráfico, corruptos y violadores sexuales puedan participar en una elección popular. No lo digo hoy. En diciembre de 2020 sacamos una ley que decía que los corruptos no podían postular nuevamente a cargos públicos. Si bien cada persona tiene derecho de elegir y ser elegido, ese derecho político no es absoluto, está condicionado a lo que el legislador señale para ese ejercicio. Es un derecho de configuración legal. El artículo 31 de la Constitución dice: “Toda persona tiene derecho a elegir y ser elegido de acuerdo a la ley orgánica de elecciones”. El Tribunal ya lo dijo para el tema de los profesores, una persona condenada por estos delitos no puede volver a las aulas a enseñar. Es perfectamente constitucional restringir el derecho a participar en elecciones a personas que han tenido este tipo de condenas, y todos deberíamos ser tajantes. La participación política no se acaba en la elección. Nadie les restringe ser militantes. Más allá del interés de estos sentenciados, está el interés de la sociedad.

La ley dice que, cuando terminas tu condena, te rehabilitas automáticamente, y eso es una ficción. La rehabilitación se tiene que advertir después de un tiempo. Yo diría por el doble de la pena para ver cómo se va desarrollando. Acá no cabe la rehabilitación automática, se debe verificar.

No sé si Sendero se ha infiltrado, desconozco. Pero sí sé que en una protesta social hay personas que se infiltran para hacer más propensa la protesta. Se pueden infiltrar grupos de la extrema izquierda o la extrema derecha con objetivos diferentes. Ese es un riesgo que hay. Yo me pongo a pensar por qué es tan intensa la protesta; eso sucede porque en el país no hay partidos ni canales de comunicación que viabilicen el reclamo.

Cuando se tiene una deuda, uno siempre paga el interés, y cuando corre el crédito, se genera interés. El Tribunal Fiscal en 12 meses tiene que resolver cualquier reclamo, pero, como pasan años y años, el TC ha dicho que ese tiempo que ha pasado no se cobra. Lo patológico de esta historia es que las empresas siempre han venido buscando no pagar sus obligaciones y no pagar los intereses. Cuando estaba en el TC, hemos resuelto caso por caso, pero este TC ha ido más allá y ha dicho que desde ahora en adelante ninguna empresa deudora va a pagar intereses más allá del plazo legal. Incluso ha dicho que esto es con efecto retroactivo. Es nefasto. Una empresa que cumple sus obligaciones ahora recibe el mensaje de que no cumpla, que se demore, porque al final solo va a pagar un año de intereses legales. El TC pretende restringir la recaudación con este precedente.

Es un tema de hipótesis, pero no me voy a correr a la pregunta.

Tenemos que terminar la crisis política. Tenemos que abrir el escenario y convertirnos en un país más inclusivo, inclusivo. Necesariamente tenemos que hablar de reescribir la Constitución de 1993 mediante una asamblea, cónclave o lo que quieran llamarle. La Constitución de 1993, que ha sido buena en muchos aspectos, requiere actualizarse a la situación actual. Y, tercero, hay que tener capacidad de gestión en ideas base: educación, salud, seguridad y agricultura para garantizar un bienestar mínimo a los ciudadanos en el contexto en el que vivimos.